El fracaso recaudador de las amnistías fiscales

A la escandalosa carencia de estimaciones oficiales de la cuantía de la evasión y el gran fraude fiscal en España, se añade la amnistía fiscal para los defraudadores adoptada en 2012 por el nuevo gobierno conservador; que suma a la injusticia descarada el previsible fracaso recaudador, como han demostrado las experiencias de años recientes.

Ante a la libertad incondicional de los movimientos de capitales dentro y fuera de la UE y la competencia fiscal entre los socios europeos, los gobiernos recurren a las rebajas tributarias para las rentas de capital a las que se añaden las amnistías fiscales ocasionales para la recuperación de los fondos escondidos en Suiza y demás centros offshore/paraísos fiscales, como hemos documentado en Los paraísos fiscales. Cómo los centros offshore socavan las democracias (págs. 151-161); y en La Europa opaca de las finanzas (págs.114-116). Recordemos algunas experiencias reseñadas en esos dos libros.

En Septiembre de 2001, el gobierno de Berlusconi decretaba un mecanismo de amnistía fiscal para despenalizar de hecho la afloración de dinero negro, permitiendo la repatriación de miles de millones de liras “invertidos” fuera de Italia en los años previos a la entrada en vigor del euro. Y desde comienzos de 2004, los alemanes pudieron repatriar los capitales colocados ilegalmente en el extranjero desde 1993 a 2001, exonerando del pago de impuestos a los contribuyentes y a sus cómplices; por cierto, una medida que no alcanzó mucho éxito recaudatorio. Y en Bélgica, una ley de amnistía fiscal adoptada a finales de 2003 autorizaba la repatriación durante el siguiente año de capitales o valores mobiliarios colocados en el extranjero durante los años precedentes, con una rebaja sustancial de las penalizaciones. Pero todos los casos los datos acumulados revelaron la incapacidad de tales mecanismos legales para la recuperación por los países de los fondos ocultos en los paraísos fiscales.

“Expertos financieros del sector offshore apuntan que las referidas amnistías en Alemania e Italia apenas afectaron al sector de los servicios financieros de Suiza, que han contemplado una entrada neta de activos financieros de por lo menos 300,000 millones de dólares desde la aprobación de las mismas. Y las medidas adoptadas por el Reino Unido en 2007 - denominadas offshore disclosure facility ya que el gobierno de Blair-Brown era reacio a denominarlas con el término tax amnesty por su connotación negativa - tampoco han sido un obstáculo para los inversores y depositarios de fondos en los paraísos fiscales británicos de Jersey, Guernesey y la Isla de Man; que en el primer trimestre de 2007 han registrado fuertes entradas de dinero, según informaciones del sector” (Wealth-bulletin.com. Law. Offshore centres unfazed )

Los magros resultados, pues, de estas políticas benevolentes con los delincuentes fiscales seguidas por los gobiernos europeos en años recientes han quedado registrados en los posteriores datos oficiales de la Comisión, que “demuestran que en los Estados miembros se está produciendo una reducción generalizada de ingresos; una notable disminución de la tributación del capital y, peor aún, modificaciones en los sistemas tributarios que los hacen cada vez socialmente más injustos”. (…)

Ya dejamos constancia que “las amnistías fiscales son algo así como el remedio último para la recuperación del capital expatriado, aplicado cada vez ya más frecuentemente, alegando siempre su carácter excepcional, claro está. Ambos remedios desarticulan los mecanismos de redistribución de rentas establecidos en muchos Estados, cuando no acentúa más aún la reducción de los ingresos fiscales.” (…)

Asimismo registramos que “en otros casos, la amnistía fiscal reviste formas menos explícitas y hasta vergonzantes, asemejándose más a una condonación de deudas de contribuyentes importantes, aceptando el Estado la evasión fiscal ya realizada. En el Parlamento español, durante la tramitación del denominado proyecto de ley contra el blanqueo de capitales en la primavera de 2003, se adoptó el acuerdo de eximir de tributación los beneficios obtenidos por las sociedades filiales de la banca española en paraísos fiscales, en el caso de las emisiones de participaciones preferentes o acciones sin voto y permitiendo la retroactividad de la exención de sus remuneraciones que tendrían la consideración de gasto deducible. (El PAÍS 28/04/03)” El gobierno Aznar de entonces fue aún más lejos, abriendo además el camino para las estafas bancarias posteriores a jubilados y pequeños ahorradores mediante las popularizadas participaciones preferentes. Por no mencionar la tolerancia española con la evasión fiscal vía paraísos financieros, como se denunciaba recientemente en el programa futuro abierto de RNE.