La actual
crisis de la República de Malta representa un reto para la nueva Comisión
europea y, en particular, para su presidenta, como señalan los grupos de la oposición en el Parlamento europeo. Pero entendemos que ese reto que presenta la actual
situación de Malta implica al futuro del principio del Estado de Derecho en la Unión.
Hace
más de dos años, la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia fue
asesinada en Malta al parecer por delincuentes ligados al actual gobierno, según
publicamos en este Blog el 7/11/2017,
que reproducimos a continuación. Algunos de los mejores periodistas de
investigación europeos han continuado su trabajo. Y a pesar de todas sus
revelaciones, ningún sospechoso de relevancia ha sido condenado o acusado al
menos durante mucho tiempo. La serie de delitos graves en el sector de
servicios financieros de Malta se ha complementado con nuevos episodios. Pero los
periodistas se enfrentan a una mayor hostilidad. Y Malta necesita leyes de
medios que debiliten la influencia de los partidos políticos y protejan a los
periodistas del reclamo por difamación que amenaza su propia existencia. Lo más
importante es que el actual Gobierno carece de credibilidad para defender el
estado de derecho, después de la dimisión de algunos ministros que han sido
señalados por la prensa como asociados al asesinato.
Por todas estas razones, desde el Parlamento
Europeo y la opinión pública europea se ha planteado la necesidad de investigar
qué ´está ocurriendo en Malta que cuestiona el funcionamiento correcto del
estado de derecho en esta República miembro de la UE. Y dada la gravedad, la Presidenta de la Comisión
Ursula von der Leyen reaccionó a la situación en Malta en una conferencia de
prensa con un análisis insuficiente, asegurando simplemente que la Comisión
cooperará con las autoridades maltesas en la reforma del sistema judicial sin
que hiciera comentarios sobre un posible procedimiento de evaluación del estado
de derecho. Y, una delegación del
Parlamento Europeo completó su misión urgente a Malta y presentó un informe
final.
Por
tanto, la oposición en el PE considera que la reacción de Ursula von der Leyen
a los problemas masivos en Malta es demasiado débil. Porque no se trata solo de
reformar el sistema judicial sino de afrontar la cultura local de la impunidad
cuando se trata de corrupción y delitos financieros. Un problema fundamental es
que Malta a menudo no tiene investigaciones en absoluto sobre casos de
corrupción o lavado de dinero. La Comisión de la UE debería iniciar
investigaciones sobre el estado de derecho, de lo contrario se enfrentará a un
grave problema de credibilidad, porque tampoco debe seguir tolerando el
incumplimiento de los acuerdos con la UE sobre la venta de pasaportes por parte
de Malta. Y las conclusiones deben incluir consecuencias claras para la
República de Malta.
El 16 de octubre pasado, la bloguera y periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, ciudadana de Malta, fue asesinada por la explosión de un coche-bomba al peor estilo mafioso, mostrando la amplitud de la corrupción y la impunidad con la que se mueven los negocios sucios en este país de la Unión Europea, algo que ella había revelado en sus investigaciones. El primer ministro de Malta confirmaba que había sido un ataque contra la destacada periodista, un asesinato premeditado que ha sido el primero de este tipo pero al que le han precedido algunos otros en años recientes.
Los reportajes de Galizia solían
referirse asuntos de blanqueo de capitales y sobre la seria corrupción en la
República de Malta y también había testificado ante la Comisión parlamentaria de
Investigación sobre los conocidos como Papeles
de Panamá, que revelaron las numerosas sociedades mercantiles offshore
propiedad de personalidades relevantes de todo el mundo. Entre otras
derivaciones, las investigaciones de la reportera maltesa asesinada implicaban
a Konrad Mizzi, ministro de energía y sanidad de la Republica de Malta, quien -
después de su negativa inicial - en febrero 2017 anunció que clausuraría su
sociedad offshore en Panamá propiedad de un trust (fideicomiso) de Nueva
Zelanda, alegando que había declarado la compañía y que la había clausurado por
razones de transparencia.
Si creemos las informaciones del periódico The Times
of Malta (PERIODISTA ASESINADA EN
MALTA: Hay algo podrido en el corazón del Estado. The Times of Malta, 18/10/2017) "la economía está en auge pero algo está podrido en el
corazón de esta República, tan podrido que amenaza con llevarse todo por
delante. Las implicaciones de este crimen son enormes. Este asesinato fue un
asesinato asociado con la mafia. El desafío es mayúsculo para quien dio la
orden. La pregunta es si hay políticos involucrados. Porque hay mucho en juego
en todo esto, que comienza a sonar como a un Estado fallido".
La República de Malta, un socio
europeo offshore
Malta (415,000 habitantes),
que ingresó junto con Chipre en la Unión Europea en 2004 y en 2008 en la
eurozona, era ya un reconocido paraíso fiscal incluido en la lista oficial de
la OCDE vigente hasta 2005; y lo ha seguido siendo como atestiguan las numerosas
agencias en Internet que promocionan y gestionan la creación de sociedades
mercantiles offshore. Para comprobarlo, basta insertar en cualquier buscador el
nombre Malta y la palabra offshore o paraíso fiscal. La reciente filtración en
noviembre de 2017 denominada los Paradise papers un destacado número
de sociedades offshore aparecen registradas en Malta. De acuerdo con el
informativo digital Proceso.com.mx, asociado a esa investigación, al menos 62
ciudadanos mexicanos, entre ellos empresarios, magnates, personajes vinculados
a la política y futbolistas que juegan en Europa, han elegido en Malta para
resguardar sus secretos y sus millones.
Siendo ya miembro de la UE, en Agosto de 2006 la página de
la CIA sobre Malta destacaba las graves deficiencias fiscales y financieras de
la ex colonia británica; y los datos navieros recogían su oferta como bandera
de conveniencia con las perniciosas consecuencias conocidas. Aunque como nuevo
miembro de pleno derecho de la UE, siguió manteniendo características propias
de la condición de paraíso fiscal offshore, que tampoco fue obstáculo para su
admisión en la eurozona desde Enero de 2008, como se analiza en mi libro La
Europa opaca de las finanzas, (páginas 171-187) que se puede descargar libremente (columna a la derecha.).
En el marco del plan de acción global contra los paraísos
fiscales que fue abandonado tras la cumbre del G-20 en Londres en abril de 2009,
nueve años antes el Informe del Foro de Estabilidad Financiera incluyó a Malta como
un centro offshore con veinte bancos autorizados y supervisados (entre los
42 centros financieros offshore
identificados oficialmente entonces). Y Malta y Chipre fueron considerados
paraísos fiscales por el Comité técnico de la OCDE, por lo que ambos micro
estados remitieron a esta organización su compromiso de eliminación de las
prácticas fiscales perjudiciales de
modo anticipado, logrando que no se les incluyera en la lista negra publicada
entonces, sin que exista informe alguno que acredite que cumplieron su
compromiso. En todo caso y en aquel marco global, atenuar esa condición fue uno
de los objetivos de las negociaciones autorizadas por el Consejo y la Comisión
europea para su ingreso en la Unión en 2004. Mientras el gobierno maltés como
el chipriota se resistían a equiparar su fiscalidad con la de la Europa de los
quince, la Comisión europea les incentivaba con sustanciosas ayudas económicas,
financiadas con impuestos de los ciudadanos europeos perjudicados por las
prácticas fiscales insulares; ayudas que durante el trienio 2004-2006,
alcanzaron para Malta los 272 millones de euros; sin que se le exigiera la total
eliminación de sus prácticas de paraíso fiscal para no residentes.
El proceso negociador concluyó aunque el informe final
detectaba graves deficiencias en Malta que no obstaculizaron la concesión de
ayudas económicas y de un período transitorio hasta el 1 de enero de 2010,
durante el cual se le autorizan
exenciones sobre el IVA y otras. La retórica de la Comisión consideraba que se cumplía el acervo
comunitario sobre la fiscalidad; sin embargo, el lenguaje burocrático ocultaba
la realidad como demuestra el régimen transitorio concedido, al final. Entre
otras cosas, estos procesos negociadores demostraron la falacia de las
políticas comunitarias contra los paraísos fiscales decididas por el Consejo
Europeo y la tecnocracia de Bruselas, que dicen pretender el logro de la
armonización fiscal y la erradicación de las prácticas que la OCDE consideró
que perjudicaban a los demás países.[i]
Los datos actuales de la
CIA destacan que la economía de libre mercado de Malta -la más pequeña de la
zona del euro- depende en gran medida del comercio tanto de bienes como de
servicios, principalmente con Europa. Tras la crisis de la zona euro, el sector
de servicios de Malta mantiene un crecimiento sostenido en los servicios
financieros y los sectores del juego en línea además del turismo. Los esquemas
fiscales ventajosos siguen siendo atractivos para los inversores extranjeros,
aunque los inacabables debates de la UE sobre medidas contra la evasión y el
fraude fiscal han generado preocupación entre los proveedores de servicios
financieros y seguros de Malta, ya que las medidas podrían tener un impacto
significativo en esos sectores.
El
negocio maltés de las banderas de conveniencia
Tras el ingreso de Malta en la UE, los expertos promotores
de la evasión fiscal internacional en Internet han continuado catalogando a
estas islas como un atractivo centro offshore.
Consideran que tras la integración europea, existe una estructura
legislativa moderna para la mayoría de las principales actividades financieras,
con nuevos incentivos que no solo reducen los tipos impositivos de sociedades
offshore sino también ofrecen bonificaciones fiscales; y sobre todo, la ventaja
competitiva de un apreciado grado de opacidad para negocios financieros. Hay que destacar la industria marítima
de fletes con bandera de conveniencia y
del registro de buques, que se inició durante los años ochenta; y que junto a
la condición de destino turístico, integra una economía de servicios que
sustenta cierto enriquecimiento reciente, sostén de la amplitud de la corrupción
política actual.
Todo buque necesita acogerse al pabellón de un Estado y esa
vinculación determinada su nacionalidad y la legislación aplicable tanto para
resolver los conflictos de índole internacional como para determinar las normas
de seguridad a bordo y las relaciones laborales entre los tripulantes y el armador o naviero. Una
bandera se considera de conveniencia cuando la propiedad del buque reside en un
país diferente del país cuya bandera enarbola, lo que supone para el dueño el
disfrute de beneficios financieros y otro tipo que no tendría en el país del
propietario, con todas los efectos desastrosos que ilustró el hundimiento de El
Prestige y que ya analicé en el apartado "La desregulación financiera y
las banderas de conveniencia" en mi libro de referencia Los paraísos fiscales. Cómo los centros
offshore socavan las democracias. Y, sin embargo, un buen número de los grandes
cruceros de vacaciones siguen navegando bajo pabellón de la República de Malta,
aunque los limitados recursos de esta pequeña República le dificulten practicar
un nivel seguro en la inspección de los buques que portan su bandera. Entre
otros casos menos publicitados, la bandera de Malta ondeaba en el petrolero Erika, que se hundió partiéndose en
dos frente a las costas de la Bretaña francesa en diciembre de 1999,
ocasionando una grave catástrofe ecológica con la subsiguiente denuncia
mediática de las responsabilidades de esa bandera de conveniencia.
Desde entonces, Malta emprendió una reforma de su código
marítimo intentando librarse de su
etiqueta de proveedor de amparo de buques basura, que es una dimensión propia
de algunos centros offshore. Pero Malta
sigue incluida en la relación de países que conceden bandera de conveniencia,
establecida por la ITF, International Transports Workers´ Federation,
que lleva a cabo una campaña mundial contra esta práctica que degrada el
transporte marítimo y genera enormes catástrofes ecológicas. Actualmente, el
organismo Transport Malta tiene registrados 1650 buques, de los cuales el 87
por ciento pertenecen a países como
Grecia (469 buques); Turquía (233); Alemania (135); España (8), etc. Es una
actividad comercial de mero registro administrativo sin conexión alguna con las
necesidades de la economía maltesa. El éxito de este negocio maltés tiene una explicación sencilla y es que para el
registro naval maltés, el propietario del buque tiene que ser una sociedad
constituida en Malta, que en la mayoría de los casos está exenta de impuestos y
admite cualquier tipo de buque, desde los yates de recreo hasta las plataformas
petrolíferas. La legislación maltesa muy liberal no señala restricciones para
las tripulaciones ni límite de edad para los buques, siendo muy flexible en
relación con la venta o las hipotecas sobre buques; y otras muchas ventajas competitivas.
El asesinato de la citada periodista de Malta ha provocado
alarma en el Parlamento europeo. Sven Giegold, portavoz de
política financiera y económica para el Greens / EFA Group y portavoz de los
verdes en la Comisión de Investigación del Parlamento europeo sobre blanqueo de
dinero y evasión fiscal hacía un llamamiento público afirmando que:
"Europa ahora
debe mirar a Malta. El asesinato de una valiente periodista que ha estado
luchando con élites corruptas en su país debe conducir a una protesta europea.
El asesinato de la reportera Galizia es un ataque contra los valores
democráticos europeos. Europa se rige por el estado de derecho, no por los
métodos de la mafia. La energía criminal y los vínculos estrechos entre los
políticos y la élite económica en Malta son devastadores. Malta es la meca del
blanqueo de dinero sucio y los evasores de impuestos. Las alegaciones de lavado
de dinero se extienden hasta el mismo gobierno maltés. Los dos principales
partidos en el país han apoyado la evasión fiscal internacional en Malta. El
centro del poder en Malta padece una
cultura de impunidad a diferencia de casi ningún otro país en la UE. Europa ya
no debe hacer la vista gorda ante la forma en que se incumple el estado de
derecho en estas islas. La Comisión Europea debe analizar de cerca la situación
en Malta y, si es necesario, iniciar un procedimiento de infracción…. Debemos
declarar claramente la responsabilidad del gobierno en Malta, como así como de
otros países que permiten el lavado de dinero y el dumping impositivo. La
imparcialidad fiscal y el enjuiciamiento efectivo del delito financiero son
cruciales para la credibilidad de la Unión Europea".-
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