Los EEUU gastaron más de 2,2 billones (trillion) de dólares en la guerra de Afganistán y la mayor parte de esa cuantía regresó a los propios bolsillos estadounidenses por la vía de las empresas privadas contratistas, cuyas acciones cotizan en Wall Street. De modo que si Vd. invirtió 10,000 dólares en acciones de los cinco principales contratistas de defensa de Estados Unidos en 2021, el día en que comenzó la guerra en Afganistán; y reinvirtió fielmente todos los dividendos, ahora su cartera valdría casi 100.000 dólares.
El escritor estadounidense de origen libanés, Nassim
Nicholas Taleb, autor de Black Swan, recientemente describía esa guerra de
Afganistán como "en gran parte una transferencia de riqueza
de los contribuyentes estadounidenses a los contratistas militares",
según recordaba Newsweek el 11/9/2021.
Los
costes de la guerra y los suministros de EEUU a Afganistán.
Según las agencias gubernamentales estadounidenses directamente involucradas en la guerra de Afganistán, incluido el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, USAID/ La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y entidades similares, se han gastado aproximadamente 887.000 millones de dólares en el país; sin embargo, con los gastos indirectos agregados, se estima que el costo total de la guerra en Afganistán será de más de 2.26 billones de dólares. (Afghanistan war made US militarycontractors wealthy). Sin embargo, otras informaciones elevan la cifra hasta acercarse a los 3 billones (trillion) de dólares, dependiendo de los elementos incluidos y el periodo de cómputo considerado.
Lo cierto es que las tropas estadounidenses derribaron un gobierno de talibanes apenas armado en 2001; y en 2021 han dejado en el poder un gobierno de talibanes con un ejército pertrechado de armamento moderno suministrado por los EEUU. Con la retirada de las tropas extranjeras, los talibanes se han apoderado de las armas estadounidenses que quedaron abandonadas en Afganistán por valor de miles de millones, posiblemente incluidos 600.000 rifles de asalto, unos 2.000 vehículos blindados y 40 aviones de combate, incluidos los helicópteros de combate Black Hawks, según los informes oficiales recogidos por la prensa estadounidense.
Entre 2002 y 2017 Estados Unidos entregó al ejército afgano
unos 28000 millones de dólares en armamento, incluidos siete helicópteros
nuevos entregados a Kabul en julio 2021. Estos últimos suministros de guerra incluyen también al
menos 600.000 armas de infantería, incluidos rifles de asalto M16, así como
162.000 piezas de equipo de comunicación y 16.000 gafas de visión nocturna.
En solo dos años, de 2017 a 2019, EEUU entregó 7.035
ametralladoras, 4.702 vehículos multipropósito 4x4 Humvees, 20.040 granadas de
mano, 2.520 bombas y 1.394 lanzagranadas, citando un informe de 2020 de la
Inspección General Especial para la
Reconstrucción de Afganistán (SIGAR).
Durante los veinte años, los suministros de producción estadounidense para la guerra y “reconstrucción” de Afganistán incluyeron no solo armamento, uniformes y pertrechos para el supuesto nuevo ejército afgano sino elementos de logística, materiales e instalaciones para la construcción de bases militares. Todas esas operaciones tenían lugar con la autorizada e imprescindible colaboración de las empresas privadas contratadas, especializadas en los suministros para el Departamento de Defensa.
Una
guerra privatizada con subcontratas
En estos últimos años, ya había ido creciendo cada vez más
el debate sobre la privatización de la guerra en Afganistán; e incluso los
congresistas demócratas se comprometieron a poner fin a las llamadas "guerras para siempre". En 2016, uno
de cada cuatro empleados estadounidenses en Irak y Afganistán era un
contratista privado. Esto significaba que la guerra ya estaba siendo
subcontratada, pero los académicos, los medios de comunicación y el público en
general no sabían casi nada al respecto. Debido a que los contratistas operan en
las sombras, sin una supervisión pública efectiva, permiten que los
legisladores disfruten de su ignorancia sobre la realidad de las operaciones
militares subcontratadas. Asimismo, la simple verdad es que desde los comienzos
el público dispuso de pocos datos
fiables sobre este sector. Lo cierto es ni en los medios de información ni en
las Universidades se plantearon las preguntas más básicas sobre si el empleo de
contratistas privados funcionaba mejor que el personal militar o las fuerzas
locales, o si realmente funcionaban.
Citemos, no obstante, que un grupo de sociólogos investigaron la privatización de la seguridad y sus implicaciones en Afganistán, cuyo resultado fue publicado en la revista trimestral Armed Forces and Society, de la Universidad de Texas (6/12/2019), revelando por primera vez algunos de los aspectos de esta fuerza laboral y empresarial en gran parte invisible.
Según nos cuentan, un gran obstáculo para esta
investigación fueron las lagunas en los datos. En primer lugar, les resultó
difícil obtener datos sobre contratistas militares privados, principalmente
debido a los secretos comerciales patentados. Porque, a pesar de que esas
empresas actúan como representantes del Estado,
legalmente no están obligadas a compartir información con el público
sobre sus actuaciones, organización o su fuerza laboral.
De modo que la información publicada ha sido muy limitada.
No hay una relación detallada de las prácticas, la fuerza laboral, las malas
conductas o los contratos de la industria militar privada. Siete años después
de iniciada la guerra en Afganistán, en 2008, el Congreso creó una nueva agencia
estatal, la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de
Afganistán (SIGAR) con sede en Virginia y oficina en Kabul, con la finalidad de
llevar a cabo una supervisión independiente y objetiva de los proyectos y
actividades de la denominada “reconstrucción” de Afganistán, promoviendo la
eficiencia y efectividad de los programas de reconstrucción y detectar y
prevenir el desperdicio, el fraude y abuso, según se afirma en la web oficial.
Pero nada indica que lo informes trimestrales de SIGAR al Congreso tuvieran mucho eco público, aunque en los mismos haya quedado constancia de las frecuentes irregularidades y malversación del dinero del contribuyente estadounidense en Afganistán. Un informe de 2018 reveló que habían desaparecido unos 11.000 millones de dólares en despilfarro, fraude y mal uso de fondos públicos. En videos de tv extranjeras podemos contemplar al ejército afgano con uniformes de camuflaje para terrenos boscosos que les proporcionaron los estadounidenses, aunque este país de Asia Central, desértico y montañoso, los bosques solamente suponen un 2 por ciento del territorio. Otro ejemplo lo expone en dicha web una nota de prensa del Departamento de Justicia (18//2018) que relata el caso de un ex contratista del gobierno que fue declarado culpable por su intervención en un plan para transformar ilegalmente en propiedad privada, bienes del gobierno de EEUU de la base aérea militar de Kandahar, Afganistán; bienes que enviaba para su reventa a su domicilio en Arizona.
La importancia de los contratistas militares queda de
manifiesto en el hecho de que en mayo de 2021, meses antes de la
desordenada retirada de las tropas estadounidenses, informaciones solventes
constataban que las autoridades planteaban la posibilidad de que los
contratistas se mantuvieran sobre el territorio afgano con posterioridad a la
retirada de las tropas. E incluso, los contratistas que conformaban la fuerza
más grande de EEUU en Afganistán estaban reforzando su presencia justo a tiempo
para tapar el vacío que podría quedar tras la retirada de las tropas
estadounidenses. Por supuesto los hechos desmintieron tales previsiones.
Los contratistas constituían, pues, una fuerza relevante de
la que dependían los
gobiernos de Estados Unidos y Afganistán, y los contratos
en el propio país fueron un gran negocio para Estados Unidos, según estas
informaciones. El Departamento de Defensa empleaba en esas fechas tardías a más
de 16.000 contratistas en Afganistán, de los cuales 6.147 eran ciudadanos
estadounidenses, más del doble de las tropas estadounidenses restantes.
Al igual que el personal de la CIA, a los contratistas
privados resulta casi imposible seguirles la pista y, por principio, no se
cuentan mientras prestan apoyo a los militares con funciones logísticas como el
transporte. Por ejemplo se cita a la Base Aérea de Bagram, un monstruoso
bastión estadounidense que en algún momento llegó a albergar 40.000 militares y
contratistas civiles; y en el punto álgido de la guerra, se estimó que más de
12.000 afganos trabajaban en esa Base militar, la más importante; pero sin mayores
precisiones respecto a los contratistas. En algunos otros casos, la razón
estaba clara porque estos tenían papeles más turbios en el sombrío mundo de las
operaciones encubiertas y de los mercenarios. Otros ayudaban a operar con los
mil millones de dólares en equipos y armamento pesado estadounidenses dentro
del ejército afgano: los contratistas prestaban todo el mantenimiento de los
helicópteros Black Hawk y los aviones de carga C-130 de la Fuerza Aérea afgana
fabricados en EEUU. Los controladores de tráfico aéreo en los aeropuertos del
país eran contratistas internacionales, sin que se dispusiera de un grupo de
mano de obra local afgana capacitada para tales tareas.
Esa demanda podría ser satisfecha por la industria de miles
de millones de dólares de contratistas militares privados, ya que no computaban
como "botas sobre el terreno", pero ofrecían el mismo nivel y
variedad de habilidades, lo que suponía un coste político mucho menor y con una
dosis de secreto. Las líneas que diferencian a estos contratistas de los
mercenarios son borrosas. Mientras los contratistas militares privados se
consideran legales, los mercenarios están prohibidos por la legislación
internacional y estadounidense, algo que le causó problemas al máximo ejecutivo
de Blackwater cuando se descubrió que estaba entrenando y constituyendo
ejércitos privados en Irak y Libia y que tenía planes de privatizar en mayor
grado la guerra en Afganistán.
La respetada ONG estadounidense The Center for Public Integrity compiló los principales
contratistas de defensa que se beneficiaron de los conflictos en Afganistán y
en Irak. (Top 100 Contractors in Irak y Afghanistan) .Y elaboró una lista a partir de datos sobre
las transacciones contractuales ejecutadas en los años 2004, 2005 y 2006, que
tenían como lugar de ejecución Irak o
Afganistán; los datos disponibles en el Sistema de Datos de Adquisiciones
Federales de la Administración de Servicios Generales, se limitan a los 100
proveedores que reciben los fondos más comprometidos durante este período de
tres años. Este listado fue publicado primero en 2007 y posteriormente actualizado
para 2014 con datos del nuevo proceso de contratación establecido, que era ya
más transparente. Sobre esos datos de
los contratos registrados, los expertos del Centro identificaron las empresas
matrices de las distintas divisiones y filiales contratantes, utilizando
fuentes oficiales. Entre los 100 principales contratistas de la Defensa figuran
nombres muy conocidos como Blackwater USA; Lockheed Martin; Odebrecht-Austin
Joint Venture; ITT Corporation; General Dynamics; o Boeing Company; junto a
otros menos conocidos. Todos estos grupos empresariales están presentes en las
Bolsas de Nueva York, donde cotizan sus acciones.
La alta rentabilidad de las acciones de los contratistas.
La guerra de Afganistán ha sido un escandaloso fracaso para los EEUU pero no para las cinco grandes empresas contratistas y sus accionistas, según el análisis de la revista crítica e independiente the Intercept. (Jon Schwarz, Afghanistan War Has Been Hugely Profitable)
Si Vd. invirtió 10,000 dólares en acciones repartidos
equitativamente entre los cinco principales contratistas de defensa de Estados
Unidos el 18 de septiembre de 2001, el día en que el presidente George W. Bush
firmó la Autorización para el uso de la fuerza militar en respuesta a los
ataques terroristas del 11 de septiembre,
y reinvirtió fielmente todos los dividendos, ahora su paquete de acciones
valdría 97,295 dólares, casi 100.000 dólares.
Este es un rendimiento mucho mayor que el disponible en el
mercado de valores en general durante el mismo período. Los 10,000 dólares
invertidos en una cartera del índice bursátil S&P 500 el 18 de septiembre
de 2001, ahora valdrían 61,613 dólares. Es decir, las acciones de defensa
superaron al mercado de valores en general en un 58 por ciento durante la guerra
de Afganistán.
Además, dado que los cinco principales contratistas de
defensa más importantes (Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman y
General Dynamics) son, por supuesto, parte del Índice bursátil S&P 500, las
empresas restantes obtuvieron retornos más bajos que los retornos generales del
índice S&P referido.
Estas cifras sugieren que es incorrecto concluir que la
toma inmediata de Afganistán por los talibanes tras la salida de Estados Unidos
significa que la guerra de Afganistán haya sido fracaso. Por el contrario,
desde la perspectiva de algunas de las personas más poderosas de Estados
Unidos, puede haber sido un éxito extraordinario. En particular, para los
consejos de administración de los cinco contratistas de defensa citados que
incluyen oficiales militares jubilados de alto nivel, según la referida revista,
que presenta los resultados específicos de esos principales contractors Y destaca que todos, a
excepción de Boeing, reciben gran parte de sus ingresos de gobierno
estadounidense.
La
simbiosis de gobernantes y la industria militar y financiera
Más allá de los datos concretos, estos resultados de la
guerra de Afganistán solamente se entienden desde la situación de simbiosis de
la industria bélica, como una realidad sociológica y económica a la que en los
círculos críticos estadounidenses se ha venido haciendo referencia con la
expresión “the Military-Industrial
Complex”, que significa la relación cómoda entre las partes que gestionan
las guerras de los EEUU (las fuerzas armadas, la administración presidencial y
el Congreso) más las compañías fabricantes de armas y equipos de utilidad
bélica, según se analizó en un estudio del Institute for Policy Studies Para decirlo de
modo sencillo, se refiere a la relación extremadamente fluida y amistosa entre empresas
contratistas y gobernantes, en la que ambos lados están asociados para el logro
de éxitos para los planificadores de las guerras y de beneficios financieros
para aquellos que integran los consejos de administración de las grandes
corporaciones. Algo que podría ser la versión actualizada de la teoría de “la
guerra por el beneficio”.
A este respecto, conviene recordar que la expresión Military-Industrial Complex quedó consagrada con el discurso de despedida
(Farewell Address to the Nation) del
Presidente Eisenhower, que había sido un laureado general durante la segunda
guerra mundial que contribuyó a la derrota militar del nazismo en Europa. En su
discurso del 17 de enero de 1961 denunció
ese entramado político-industrial, advirtiendo al pueblo americano de la
amenaza que suponía ese conglomerado para la acción del gobierno democrático:
“En las sesiones del gobierno, debemos guardarnos contra la adquisición de una injustificada influencia, buscada o no, del complejo militar industrial. Existe y persistirá el potencial para la ascensión desastrosa de un poder inapropiado. No debemos nunca permitir que el peso de este conglomerado haga peligrar nuestras libertades o los procesos democráticos. No demos nada por descontado. Únicamente una ciudadanía informada y alerta podrá imponer el apropiado entramado de la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros objetivos y métodos pacíficos, de modo que la libertad y la seguridad prosperen juntas”.
Este conglomerado industrial y militar sobrevivió al
Presidente, que tras sus éxitos en la
segunda guerra mundial había sido escogido por el partido republicano como
candidato. Y este complejo de organizaciones y personajes estadounidenses
creció en su dimensión económica, hasta el extremo que nos dice Joseph Stiglizt que “en
el último medio siglo ese complejo se ha extendido: los grupos de presión que
determinan las finanzas, la industria farmacéutica, el petróleo y el dióxido de
carbono”, como ya analizamos en mi libro El casino que nos gobierna.-