Aquel escándalo político-mediático en Alemania sobre las cuentas bancarias en Liechtenstein para el fraude fiscal masivo a nivel europeo, ocurrió en febrero 2008. Y la Comisión europea necesitó ocho meses para consensuar una propuesta suya de revisión de la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro particular depositado en bancos de otro país socio (Directiva 2003/48/CE). Antes, el único efecto práctico a nivel comunitario de aquel escándalo, fue el acuerdo del Consejo europeo para que se publicara el informe trienal previsto ya en esa Directiva sobre los resultados de su aplicación, precepto que la Comisión había incumplido.
Luego, esa propuesta de reforma siguió su proceloso camino desde la Comisión al Comité económico-social, el Parlamento europeo y consultas “técnicas” a los gobiernos, y se empantanó sin alcanzar el acuerdo de los 27 socios. Ahora, la presidencia española de la UE, tras las recientes reuniones con sus colegas promovidas por la vicepresidenta económica del gobierno español, Elena Salgado, intenta que se formalice el acuerdo de revisión en el Consejo de ministros de finanzas del martes 19 enero. Y veremos.
La propuesta pretende tapar lagunas de la Directiva para que tributen los intereses de fideicomisos (trusts) y fundaciones, pólizas de seguros y otros instrumentos financieros que esconden el fraude fiscal en otro país socio o en Suiza y demás paraísos fiscales del entorno. De hecho, con estos últimos, la Comisión o los gobiernos concertaron acuerdos bilaterales para que esa Directiva sirviera para obstaculizar algo la evasión y el fraude fiscal. Aún así, en los círculos bancarios suizos se le llama “el tributo de los necios”, de los que no se asesoran antes de colocar dinero allí o en otros lugares.
Porque la Directiva obliga al intercambio automático de información fiscal entre socios, únicamente sobre cuentas bancarias de no residentes; pero para hacerla posible se aceptó asimismo como alternativa la aplicación de una retención fiscal para Luxemburgo, Austria, Bélgica y para Suiza, Andorra y otros paraísos fiscales del entorno europeo, tras los convenios bilaterales suscritos. Es uno de tantos puntos analizados políticamente en La Europa opaca de las finanzas y sobre los que la prensa española sigue desinformando.
El problema actual es que Luxemburgo, Bélgica y Austria se niegan a entregar automáticamente datos fiscales sobre inversores de otro país socio; y además, esa revisión exigirá renegociar acuerdos antifraude otra vez con Suiza, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Mónaco y los demás. Y desde luego nada indica que estén dispuestos a entregar datos por vía automática, porque ya han suscrito los 12 convenios bilaterales de información fiscal a petición, como requiere la OCDE por decisión del G-20 en Londres. Y excepto Andorra –que le faltan dos convenios a 15 enero - ya no son oficialmente paraísos fiscales según la lista de la OCDE sino jurisdicciones cumplidoras del estándar fiscal internacional, porque se han comprometido con doce países o territorios (jurisdicciones) para entregar datos fiscales pero solamente a petición de la otra parte contratante, en investigaciones delictivas con nombre y apellidos y sin modificar su legislación propia sobre secreto bancario. Ese es el modelo de convenio acordado en el seno de la OCDE que están aplicando.
Desde luego, esa revisión de la Directiva referida seria un avance para la prevención del fraude fiscal, aunque sea a paso de tortuga. Porque el mayor obstáculo de fondo es que, antes y después del Tratado de Lisboa, los acuerdos comunitarios sobre fiscalidad requieren la unanimidad de todos los socios; y el movimiento de fondos dentro y fuera de la UE es absolutamente libre conforme a los tratados, porque así figura incluso en los acuerdos con Suiza, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar y demás centros offshore donde se suele esconder el dinero sucio y evadido.-
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