Según el ministro de Hacienda, la amnistía fiscal ha
recaudado 1200 millones de euros cuando la previsión presupuestaria era de
2500. Durante seis meses se ha permitido legalmente a defraudadores y evasores
de impuestos declarar bienes y derechos por los que no habían tributado,
pagando al Tesoro público solamente un 10 % de tributación (no de multa, como dice hoy martes El País,
pág. 24) sobre el valor declarado, cualquiera que fuera su importe o su origen,
sin penalización alguna; con garantía de no investigación alguna sobre el
origen de ese dinero y -- para mayor
facilidad de los abundantes blanqueadores de dinero sucio en España – se podía
hacer en los mismos meses en que estaba abierto el período de declaración del
IRPF.
Recomendamos la lectura del artículo del pasado 3 de abril
en este blog, en el que se abunda en los recientes fracasos de estas medidas
como fuente inmoral de ingresos fiscales, pinchando aquí
