sábado, 30 de marzo de 2013

Lecciones del rescate de Chipre


         
Tras el aluvión informativo y amainada la tormenta, el proceso del rescate de Chipre revela con más claridad la crisis del proyecto político europeo, que se refleja en la nueva estrategia aplicada para la ayuda financiera europea a los países más tocados por la crisis financiera y el endeudamiento. Un análisis de los datos más significativos de la modalidad de rescate aplicado a Chipre, nos permite extraer cuatro lecciones que nos dejan conocer hacia donde nos lleva la actual política europea, si la ciudadanía no lo remedia.


La primera lección es que la Unión Europea no ha cambiado su política de ignorar la existencia de los llamados paraísos fiscales, contrariamente a lo que algunas informaciones y comentarios mediáticos han sugerido. Es indiscutible que el 15 de marzo de 2013 Chipre era tan paraíso fiscal como cuando ingresó en el Eurogrupo junto con Malta en 2008. Según algunos expertos, los depósitos de Rusia en Chipre alcanzaban los 35,000 millones de euros, casi la mitad del total; y en 2011, Chipre fue el primer destino del dinero ruso y el inversor número uno en Rusia, según datos del Banco Central de Rusia (Financial Times, 6/2/2013). Pero si los activos acumulados en los  bancos chipriotas eran desmesurados representando  7,1 veces el valor de su PIB, resulta que ese mismo porcentaje representan los de los bancos de Malta y es muy inferior al valor que representan los activos de la banca de Luxemburgo en relación a su PIB (21,7 veces), considerados los tres centros financieros offshore o paraísos fiscales por la opinión internacional..

Chipre ingresó en la UE en 2004 con el beneplácito de la Comisión europea; y ha seguido siendo un paraíso fiscal como “plataforma” de los negocios sucios en Oriente Medio con sus operaciones de blanqueo de dinero ilícito, el comercio de esclavas sexuales y el contrabando de armamento para los  conflictos bélicos cercanos (Michael Freedman, Fantasy Iceland. Forbes, 24/2/2006). Ciertamente cuando hace un año se planteó la necesidad de ayuda financiera, la opinión pública alemana mostró su oposición a salvar a los bancos chipriotas al servicio del dinero ruso. Y en la prensa europea hubo un debate sobre si seguía existiendo blanqueo de dinero sucio ruso en Chipre y hasta se habló de aprobar una auditoria externa ad hoc para conocer los datos reales. El periódico alemán Spiegel (6/6/2012) aludía al papel decisivo que Rusia jugaba en la economía chipriota, porque el microestado era el mayor proveedor de inversiones directas en Rusia ya que los rusos ricos transferían su dinero a Chipre por los bajos tipos de interés y desde allí lo reinvertían vía sociedades registradas en la Isla.

Por entonces los partidos socialdemócrata (SPD) y los verdes en la oposición,  apelaban al gobierno alemán para que en las negociaciones con Chipre incluyera las exigencias de eliminar el bajo tipo impositivo  del 10 % sobre beneficios empresariales y el lavado de dinero sucio. Y el ministro de Finanzas alemán aceptaba plantear la cuestión ante los colegas europeos. Pero la UE ya había antes rescatado al paraíso fiscal de Irlanda sin obligarle a subir el tipo impositivo del 12 %  que mantiene en competencia desleal con sus socios. Y en esa fase inicial, el gobierno chipriota del entonces presidente Dimitris Christofias, secretario general del partido comunista chipriota, intentaba obtener la ayuda europea manteniendo el statu quo y jugando a contraponer Rusia al Eurogrupo, afirmando que podía obtener la financiación que Europa le negaba, como la había logrado con un crédito de 2,500 millones de euros en 2011; pero  los rusos ya eran reacios a conceder nuevos créditos. Además, aquel presidente comunista se negaba a aceptar la ayuda de la UE condicionada a recortes sociales y privatizaciones del sector público. Por tanto, a la espera de las elecciones de febrero de 2013, las negociaciones para el rescate se ralentizaron hasta que llegó el nuevo gobierno conservador de Nikos Anastasiadis, abogado ligado a los negocios rusos, que facilitó el final del proceso negociador siguiendo una pauta ya habitual en la UE. Y al final, hemos visto la falacia del argumento de una voluntad europea de acabar con el paraíso fiscal de Chipre, ha resultado ser una de tantas cortinas de humo mediático al uso para ocultar un cambio de la estrategia europea frente a los rescates.


La segunda lección europea es la necesidad de denunciar la irresponsabilidad de los máximos dirigentes que toman las decisiones financieras europeas. Salvando todas las distancias, el primer acuerdo sobre el rescate de Chipre recuerda la reciente decisión de la actual dirección del partido socialista español sobre la moción de censura en el Ayuntamiento de Ponferrada con el apoyo de un concejal acosador sentenciado, solo que en el caso de Chipre nadie se ha hecho públicamente responsable de la decisión de expropiar una parte de los depósitos bancarios incluyendo los inferiores a los 100,000 euros, que creíamos garantizados desde el compromiso político europeo de octubre de 2008 y, sobre todo, desde la vigencia de la directiva 2009/14. Para más INRI, hay que recordar que tanto en el Eurogrupo como en el Consejo europeo hoy por hoy las decisiones son por unanimidad, aunque le llamen consenso. Sobran las declaraciones oportunistas y mentirosas del Gobierno español y algún otro que dicen “yo no he sido”. Responsables de ese atentado al estado de derecho europeo han sido todos sin distinción.


La tercera lección europea es muy instructiva porque se ha demostrado que los Parlamentos nacionales son el reducto efectivo de la democracia que nos queda en la Unión Europea. Porque siempre hay una alternativa a los acuerdos adoptados en Bruselas. Recordemos que la revocación del primer acuerdo sobre Chipre ha sido el resultado de un debate y una decisión del Parlamento chipriota, que obligó al jefe del gobierno conservador y a la UE a buscar otro acuerdo  menos injusto y que al menos respetara lo que es el derecho europeo. Y es que frente a la situación de desconcierto y desorientación de las instituciones supranacionales europeas, los Parlamentos tienen que afirmar su autoridad dentro del marco europeo, asumiendo su responsabilidad propia sin que Bruselas sea una justificación para aplicar políticas y medidas injustas para la ciudadanía. Es hora de que los Parlamentos nacionales en la UE asuman la soberanía que les resta y se nieguen a asumir decisiones europeas para las que no tienen mandato. Más aún, es hora de que los Parlamentos nacionales se enfrenten al ritual de la aprobación mecánica de directivas europeas y de acuerdos europeos para traducirlos en leyes nacionales, cuando son fruto del lobby bancario europeo, como documento en Los Lobbies financieros, tentáculos del poder, un libro que publicará la editorial Clave Intelectual a finales de abril.


Finalmente, la cuarta lección europea a extraer de la crisis chipriota, es que se ha demostrado de modo indubitado que los gobernantes actuales de la UE optan descaradamente por los intereses de la gran banca financiera frente a  una banca comercial tradicional que suministre crédito a la economía real, que genera riqueza y empleo. Al penalizar los depósitos bancarios en lugar de los accionistas, se inclinan por la opción política que favorece el imperio de los mercados financieros sobre la economía productiva. Pese a la opacidad de los procesos decisorios europeos, hemos sabido que tanto la primera decisión sobre el rescate de Chipre como la última, ha sido la experimentación de una directiva en elaboración, según el anuncio oficial, por la que los rescates futuros incluirán la confiscación del ahorro depositado en los bancos del país rescatado; es decir, se condena el mecanismo tradicional del depósito bancario para el pequeño ahorro privado. Si los depósitos bancarios, pequeños o grandes, no van a gozar de la protección jurídica efectiva del Estado, los ahorradores particulares se verán obligados a entregar su dinero a las agencias de valores, a los fondos de pensiones y demás instrumentos de la gran banca financiera, donde el riesgo de pérdida pueda compensarse con la posibilidad de rentabilidad. Serán inversores obligados en productos financieros como participaciones preferentes y otras invenciones similares con nombres extraños ofertados por los bancos, que continúan “fabricando” productos para recolectar el ahorro privado bajo la intocable libertad de innovación financiera.-