Las políticas del gobierno conservador británico frente a la
crisis han acentuado la conciencia crítica de la ciudadanía, suscitando
investigaciones y debates públicos que denuncian desde la desmesurada
influencia de la Corporación de la City de Londres, los agujeros en la
fiscalidad e, incluso, las exenciones tributarias de algunas entidades benéficas
que dedican las donaciones que reciben a menesteres repudiables, como
inversiones especulativas. En este clima de creciente malestar ciudadano, podemos
incluir los ecos del examen de algunos asuntos financieros del príncipe Carlos,
el eterno heredero al trono británico, que está llevando a cabo el Comité de
Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes.
En un documentado artículo el profesor de la Universidad deEssex, Prem Sikka, apunta que este Comité parlamentario también debería interrogarse por las
exenciones fiscales sobre los beneficios empresariales de que disfruta el
Ducado de Cornualles, el brazo comercial del Príncipe. Lo que significa que el
Ducado no realiza aportación financiera alguna al sostenimiento de la
infraestructura social que utiliza y le amparan; y esas exenciones tributarias
también le dan una ventaja injusta sobre sus competidores empresariales. Hasta
el punto que, mientras la renta real de los trabajadores británicos se redujo
en un 6 % entre 2008 y 2013; por el contrario, en ese mismo período los ingresos del príncipe
Carlos de Inglaterra crecieron en un 8% y una gran parte de ese incremento
procedía del Ducado de Cornualles.
El Ducado de Cornualles es un residuo feudal que proporciona
pingües ingresos al duque de Cornualles como entidad privada. Hoy en día, el
título del Ducado ya no se limita a las tierras de Cornualles sino que comprende
un conglomerado empresarial en expansión; y es el tercer terrateniente del
Reino Unido en extensión, con decenas de miles de hectáreas de tierra en 24
condados, la mayoría en el suroeste de Inglaterra.
El balance del Ducado para 2013 revela unos activos netos de
762 millones de libras esterlinas, aunque el valor de mercado es probable que
sea de varios miles de millones. Y su cartera de activos incluye 3.500
arrendamientos individuales, tanto agrícolas como residenciales y comerciales. Como
tal gran empresa, el Ducado posee la prisión de Dartmoor, el campo de cricket
Oval en Londres, un gran almacén en Milton Keynes, pubs, tiendas, hoteles, el edificio
ocupado por el Kings College de Londres y otros negocios industriales, según el
documentado análisis del profesor de Essex.
El Ducado compite directamente con empresas dedicadas al
comercio de bienes, la construcción de viviendas, vacaciones, alimentos orgánicos, mermeladas y galletas. A la elevación de sus
ganancias contribuye la utilización directa de una infraestructura pública financiada
por los contribuyentes, en forma de administración local y central, los
transporte públicos, la seguridad, el sistema legal y la educación y la
asistencia sanitaria prestada a sus empleados. Porque el Ducado-empresa privada no realiza ninguna aportación
financiera directa para mantener esos servicios públicos, ya que está exento en
el Reino Unido del impuesto sobre las ganancias de capital.
No faltan quienes defienden a menudo los privilegios
fiscales del Ducado con afirmaciones de que se trata de una finca privada, como
si la monarquía pudiera considerarse una entidad privada; o que es un
fideicomiso privado para el beneficio del Príncipe Carlos como duque de
Cornualles; o que de alguna manera el Ducado y el Duque se funden en un solo
ente.
Pero, gracias la libertad de información sobre el caso – afirma
el profesor citado - se han levantado algunos de los velos legales que rodean al
Ducado, revelando su esencia económica evidenciando que es una persona jurídica
por derecho propio. Las pruebas presentadas por los representantes del príncipe
Carlos mostraron que el Ducado celebra contratos legales en su propio nombre y
tiene personal propio contratado; y el Ducado ha demandado y ha sido demandado
en su propio nombre y que tiene cuentas bancarias a su nombre. Más aún, ha
habido transacciones entre el Ducado y el Duque, que reconocen claramente que
los dos son jurídicamente independientes.
El problema político planteado es que, como el Parlamento
carece de capacidad legal para decidir cómo se distribuyen las ganancias del
Ducado, las rentas generadas van directamente a su titular, el príncipe Carlos.
Y aunque el sitio web del propio Ducado de Cornualles intenta explicar que el Príncipe
ya paga impuestos sobre el excedente del Ducado, los datos que aporta el
profesor Sikka, obtenidos de fuentes oficiales, demuestran que es incompleta la
información expuesta.
Desde luego, no parece probable que se diluya fácilmente la polémica
suscitada sobre los asuntos empresariales del príncipe Carlos. Y es que las reminiscencias
y entelequias feudales no se acomodan a
las nociones contemporáneas de democracia y de rendición pública de cuentas, como
apunta el profesor Prem Sikka, ni en las Islas británicas ni en España. Y el
principio de la soberanía popular requiere que todos los ingresos de cualquier miembro
de una monarquía se sometan a la aprobación parlamentaria y al escrutinio
público. Amén.-
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