En un país como España que acumula una deuda soberana
equivalente ya al valor de su producción anual de bienes y servicios (PIB) y
con un crecimiento un tanto raquítico, la complicada situación de Argentina (si
está o no en suspensión de pagos o default
para argentinos), merecería análisis menos sesgados en algunos grandes medios convencionales.
Porque, para empezar, se pretende ignorar el hecho de que
una vez emitida la deuda pública se compra y se vende como cualquier otra
mercancía; y los instrumentos de la deuda soberana son hoy uno de los negocios
financieros más florecientes. Y cuando un fondo de inversiones no busca la
rentabilidad comerciando con bonos soberanos adquiridos sino que intenta obtener
esa rentabilidad del propio Estado emisor, intentando su abono al valor nominal
más los intereses recurriendo a presiones de cualquier tipo, tenemos a un fondo
buitre, calificativo que no admiten muchos ortodoxos. Pero esa es la línea de
negocio que siguen esos fondos especulativos que acosan a Argentina desde hace
varios años y que han creado la complicada situación actual.
A menudo se subraya que la Argentina se declaró en
suspensión de pagos en 2001, pero se omite el dato que la enorme deuda que
pesaba sobre los gobiernos se había acumulado desde la dictadura militar y se
había acrecentado por las medidas neoliberales aplicadas durante diez años por
el presidente Carlos Menem al dictado del FMI. Como también se suele omitir que
en 2005 y 2010 el gobierno argentino acordó la reestructuración de esa deuda
acumulada con el 92,4 por ciento de los tenedores de los bonos, que aceptaron
el canje de bonos antiguos por los nuevos con recortes del 40 y el 70 por
ciento del valor nominal; pero al mejorar las políticas, crecer la economía y
la coyuntura mundial, los resultados fueron beneficiosos para ambas partes.
Los problemas surgieron porque un 7,6 por ciento de los
bonistas no aceptaron aquel canje de bonos acordado; y vendieron sus bonos
devaluados a un grupo de fondos buitres que los adquirieron a 20 centavos el
dólar, unos 325 millones de dólares que ahora representan 3250 millones, según
algunas fuentes. Y comenzó el acoso implacable de estos fondos buitre liderados
por MNL Capital, domiciliado en Las Caimán,
filial de Elliot Management, un fondo de inversiones de alto riesgo
(hedge fund), propiedad del
multimillonario Paul Singer, un influyente y acreditado depredador financiero
desde Perú al Congo-Brazzaville. Y desde hace años, los últimos gobiernos
argentinos hacen frente a la presión de esos fondos buitre que ha incluido la
creación de un lobby financiero en los EEUU, la
ATFA (American Task Force Argentina) que, entre otras tareas, ha
fomentado la sesgada imagen exterior de Argentina (véase la web oficial de
ATFA); el secuestro en Ghana de la fragata escuela Libertad o la ristra de
pleitos contra ese país del Cono Sur.
En esta última fase, han logrado que un juez de Manhattan
obligue a Argentina a pagarles 1500 millones de dólares a estos fondos, el
valor nominal más intereses de los bonos rebajados que compraron; algo que en
algún caso supone una ganancia del 1600 por cien, según datos del gobierno.
Pero si Argentina pagara esos 1500 millones antes de acabar 2014, en virtud de
la ley argentina y de la cláusula de igualdad de trato de los acuerdos de
reestructuración (RUFO), las reclamaciones de los tenedores de los bonos
reestructurados podrían alcanzar la cifra de 120,000 millones, lo que sí
supondría la suspensión de pagos del país.
Lo cierto es que para expertos estadounidenses este fallo
judicial favorable a los fondos buitre, resulta cuando menos discutible. El
premio Nobel Joseph Stiglitz señalaba también la debilidad de los argumentos de
la decisión del tribunal; y destacaba que resulta revelador que el FMI, el Departamento
de Justicia de EE.UU. y las ONG de lucha contra la pobreza coincidan en la
oposición contra los fondos buitre, (La
victoria de los buitres, articulo en Project Syndicate, 4/9/2013)
Finalmente, para complicar más las cosas, el mismo juez
neoyorquino ha impedido en julio al Banco Mellon de Nueva York, que es el
gestor de los pagos argentinos, el abono
a los tenedores de bonos de los 539 millones de dólares de intereses que
Argentina entregó en plazo a ese Banco. De ahí la interrogante, ¿puede un juez provocar
la suspensión de pagos del Estado
argentino? Desde luego hasta el momento de escribir este artículo no puede
decirse que ha sido declarada por el gobierno.
Pero hay otro asunto generalmente ignorado por la opacidad
del mundo financiero. Y es que, entre tanto, siguen en paralelo otros negocios
financieros, porque estos fondos especulativos, que disponen de abundante
liquidez, buscan oportunidades en el mercado de derivados del crédito donde se
cruzan apuestas sobre las contingencias que afectaran al crédito del que
derivan. Son los conocidos CDS (credit default swap) o permutas de impago de
créditos, una suerte de seguro sobre el
bono soberano adquirido frente al impago de los intereses o del capital (pero carente
de regulación ni control público), un contrato convertido en activo financiero
que se compra y vende en estos mercados financieros opacos y extrabursátiles.
Por un lado, como se trata de un mercado de notoria
volatilidad, le impactan las noticias y rumores espontáneos o fabricados por
los propios fondos buitre o medios afines, que dificultan la financiación exterior
del país afectado ofreciendo una imagen nociva o distorsionada de su situación.
Lo que explicaría el alarmismo y la confusión reflejada en ciertas
informaciones o los comentarios repletos de verdades a medias y también de mentiras
sobre Argentina en este caso, aprovechando la complejidad de los intereses en
juego.
Por otro lado, el hecho es que la decisión judicial haya
impedido el pago de intereses a los tenedores de bonos reestructurados, ha
acentuado en los últimos días las bajadas
en las cotizaciones de los bonos argentinos en los mercados; y al mismo tiempo
ha provocado subidas en el coste de los “seguros” de esos bonos, que los días 1
y 2 de agosto dispararon la prima de
riesgo de los CDS soberanos argentinos, de los cuales ciertamente una buena
cantidad se dice que está en poder de esos propios fondos buitre o de entidades
allegadas a sus dueños. Por lo pronto, la asociación gremial que regula
privadamente este mercado de derivados CDS, la ISDA (International Swaps
and Derivatives Association), ya ha declarado que ese impago de intereses por Argentina, aunque sea
a causa de la orden judicial, es una “contingencia de crédito” (crédit event), lo que faculta a que los
tenedores de bonos con CDS soberanos argentinos requieran el pago del “seguro”
a la contraparte apostante. Y esas liquidaciones de los CDS ascenderán a un
billón (trillion) de dólares según Bloomberg (Argentine Bonds Decline as Default Triggers $1 Billion of Swaps, 2/8/14); es decir, estos fondos buitre habrán
logrado pingües beneficios en la cuantía que les toque.
Más aún, como la contraparte de esas apuestas de los
derivados CDS suelen ser los grandes bancos, se podrían explicar las noticias
de que algunos grandes bancos estén gestionando un posible arreglo del
conflicto entre fondos buitre y el gobierno argentino, una inesperable “ayuda”.
Y es que las complejidades del funcionamiento de estos
mercados financieros desregulados y descontrolados por el poder público,
colocan con frecuencia a los gobiernos en posiciones complicadas, cuando no de
debilidad y hasta de subordinación a los mercados globales que intentan gobernarnos.
(Artículo publicado Zona crítica en eldiario.es
4/8/2014)
Adición.
El titular de la Comisión Nacional de Valores de Argentina
afirma que existen pruebas contundentes para imputar al juez de Nueva York
Thomas Griesa y a los acreedores, porque se cree que bloquearon los pagos de la
Argentina para cobrar seguros CDS del default. Además, explicó que "estas prácticas son tomadas como delitos
penales en Argentina y en Estados Unidos”
Noticia en
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/piden-investigar-a-griesa-y-a-los-fondos-buitres-por-delitos-penales-5081.html
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