Pero
entre las opciones de redacción que ya previstas en el texto de negociación dela Convención Marco sobre el Cambio Climático,
nada indica que se vaya a excluir o al menos obstaculizar la especulación
financiera que tanto distorsiona, neutraliza o impide la efectividad de las políticas
de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Esas opciones se limitan, entre otros detalles, a señalar la necesidad de proporcionar “recursos financieros nuevos, adicionales…
para la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo”; y que “la movilización de inversiones del sector
privado son elementos imprescindibles para catalizar la transformación que
requiere nuestro esfuerzo común por alcanzar el objetivo fijado en el artículo
2 de la Convención “, es decir, “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en
el sistema climático.” Los actuales
negociadores de los gobiernos han ignorado que la lucha contra la contaminación
atmosférica se ha convertido ante todo en una actividad comercial que sustenta un
sector en auge de los mercados financieros globales.
El comercio de los derechos a contaminar
Todo el mundo sabe que el Protocolo de Kyoto, en vigor desde
el año 2005, tenía como objetivo limitar las emisiones de dióxido de carbono a
la atmósfera, evitando así que el llamado efecto invernadero repercuta en el
cambio climático. Pero es menos conocido que sobre ese tratado, la Unión
Europea creo todo un mercado común donde las empresas europeas pueden comprar y
vender derechos de emisión de Co2. Y la ciudadanía, y en particular
el movimiento ecologista, apenas ha
prestado atención a que sobre ese comercio real se ha montado un mercado financiero de contratos de
futuro y demás derivados, siguiendo el modelo elaborado sobre el petróleo y las
materias primas; lo que supone el predominio de los intereses financieros sobre
las políticas gubernamentales de lucha contra la contaminación. Actualmente el
80 % de este mercado está copado por bancos, intermediarios y especuladores sin
una mayor inquietud por este problema climático que afecta a la humanidad, como
se documenta en mi libro El casino quenos gobierna (Parte II, capítulo 4)
Y actualmente la invención europea se ha globalizado
prácticamente, transformada en mercados de “topes y comercio” de las emisiones,
los cap and trade markets, en la terminología anglófona, basada en “los
créditos del carbono” (carbon credit);
es decir, básicamente se trata del comercio sobre “un derecho a contaminar” que
venden aquellas empresas menos contaminadoras a las que lo son más, es decir,
que por alguna razón propia aplazan por ahora su obligación legal de reducir
sus emisiones de dióxido de carbono. El mercado, pues, se apoya en los planes
gubernamentales y los precios del diferencial entre los límites fijados y las
emisiones reales, que se traducen en unas autorizaciones, derechos o créditos
objeto de compraventa entre empresas. Considerados desde el rigor técnico, los
“créditos del carbono” no son verdaderos productos financieros derivados,
puesto que no derivan de un activo subyacente, de otro valor bursátil; son nada
más que la posibilidad que tiene una empresa de emitir gases de carbón hasta la
cuota que le corresponda, pudiendo vender ese derecho a contaminar sin
sobrepasar su tope. Pero por su propia lógica, la dinámica comercial actual se
ha adueñado del mercado de Co2 entre empresas, que queda sometido a la
comercialización de productos financieros respaldados por los créditos de
emisión de Co2 con base en las respectivas legislaciones nacionales.
Derivados financieros del derecho a contaminar
Este comercio empresarial de los derechos a contaminar, está
controlado por los grandes bancos de inversiones de Wall Street para ofertar
derivados financieros, contratos de opciones, futuros y demás productos innovadores
junto con los inevitables agentes intermediarios y las plataformas electrónicas
de negociación. Por ejemplo, la Intercontinental Exchange, con sede en Atlanta
(EEUU) y que controla el mercado de futuros del petróleo, ofrece en la
actualidad una amplia gama de productos
derivados, futuros y opciones, sobre diversos tipos de “carbon credit”, es decir, la posibilidad de suscribir apuestas
sobre las variaciones de los precios del derecho a contaminar, volumen
alcanzable, etc. Esta irrupción de la especulación financiera sobre los planes oficiales
de lucha contra la contaminación, ha distorsionado su desarrollo y sus
resultados porque la banca intenta marcar sus objetivos de negocio, lejos de
movilizar las inversiones privadas hacia la actividad industrial menos
contaminante o limpia. Una manifestación más de la financiarización de esa
actividad económica real que absorbe los capitales disponibles hacia inversiones
especulativas a corto plazo motivadas por el lucro financiero inmediato.
Hace ya seis años, a propósito de la cumbre de la ONU de Copenhague en diciembre de 2009, el
canal multimedia de información financiera Bloomberg analizaba las perspectivas
del mercado de dióxido de carbono en los EEUU según la nueva legislación
estadounidense, entonces en proyectos de ley en el Congreso, bajo el sugerente
título de “los capitalistas calientan el mercado del clima utilizando derivados” (Carbon Capitalists Warming
to Climate Market Using Derivatives, 4/12/2009 en www.bloomberg.com). Y destacaba el interés que por este nuevo mercado entre los bancos de
inversiones y demás entidades financieras con vistas a desarrollar productos financieros
ligados a los derechos de emisión de Co2 como se evidencia hoy en la prensa
especializada.
Alternativas
Por el contrario,
el aumento del peso de Wall Street sobre Washington, ha silenciado voces autorizadas
y solventes que proponen alternativas. Un ejemplo poco difundido son las críticas
y las propuestas de James Hansen, el científico climatólogo de la NASA que ha
liderado campañas contra el calentamiento global y que ha venido sosteniendo
que el comercio de topes a las emisiones de dióxido de carbono no solo no las
reduce sino que más bien las incrementa por los mecanismos instrumentales que
se han desarrollado. Porque en definitiva lo que importa es el resultado a
nivel planetario; y con esos mecanismos comerciales y financieros
introducidos sobre los límites, las emisiones se trasladan de una geografía a
otra, ya que mientras el combustible fósil sea el más barato, se quemará en
algún lugar. Las imágenes humeantes en TV, en particular, de las grandes
ciudades chinas así lo sugieren. Este científico abogaba por la aplicación
del “impuesto y dividendo”, un
impuesto sobre la contaminación en lugar del comercio de topes sobre las
emisiones de gases nocivos; proponiendo la imposición de un tributo en la
venta inicial de combustible fósil cuya recaudación luego beneficiaría el
interés público. Y esas ideas las ha desarrollado James Hansen con más
precisión en una publicación en 2015, en la argumenta que el enfoque de
límites máximos y la comercialización de compensaciones del Protocolo de
Kioto deben ser abandonados y reemplazados por un enfoque que retire
paulatinamente los combustibles fósiles en una manera económicamente
eficiente, reemplazados por la utilización de fuentes de energía libres de
carbono, como la energía renovable. En concreto, propone un tributo general
creciente sobre las emisiones de carbono, que podría implementarse tanto a
nivel nacional como internacional.
(James E. Hansen, Environment and Development Challenges: The Imperative of a Carbon Fee and Dividend in The Oxford Handbook of the
Macroeconomics of Global Warming Edited by Lucas Bernard and Willi Semmler, May
2015)
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