Con el magnate Donald Trump en la Casa Blanca,
la banca se dispone a conseguir lo que siempre ha sido su principal prioridad,
que es modificar drásticamente la regulación financiera introducida por Obama.
En julio de 2010, el Congreso aprobó la ley Dodd-Frank para reformar Wall
Street e introducir la protección del consumidor superando la crisis financiera;
todo ello dos años después de la peor crisis económica desde la Gran Depresión,
que tuvo un enorme coste por los rescates bancarios para el contribuyente
estadounidense y generó la Gran Recesión económica que sufre el mundo. Entre
otras medidas proyectadas para impedir los abusos y desmanes bancarios, esa ley
creo la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y cambió básicamente el
modo en que los reguladores supervisan Wall Street y a los grandes bancos.
Aunque el lobby bancario y sus amigos en el Senado y la Cámara de
Representantes aguaron muchas de normas de proyecto inicial, retrasaron la
aplicación de algunas y se olvidaron de otras, dejando pendiente temas claves
para la seguridad del sistema financiero global, como la separación de la banca
de inversiones y la banca de depósito; la reducción de la enorme dimensión
financiera de los megabancos globales de alcance sistémico; y la prohibición de
los derivados más peligrosos. Lagunas normativas importantes que hacen que los
grandes bancos sean demasiado grandes para asegurar la estabilidad y seguridad
del sistema financiero actual.
La desregulación bancaria, una prioridad del
Presidente
Con el
objetivo prioritario de “flexibilizar” las regulaciones financieras, el nuevo
Presidente dictó la Orden ejecutiva del 3 de febrero pasado, que concede al
Departamento del Tesoro un plazo de 120
días para presentar un informe con las posibles modificaciones normativas o
recomendaciones legislativas sobre el sector financiero. Esta Orden ya en vigor
inició una revisión de las regulaciones del sistema financiero, incluida la ley
Dodd-Frank de Obama, con normas para la banca aprobadas tras la crisis
financiera de 2008 que fueron fuertemente criticadas a lo largo de la campaña
presidencial. Y una segunda actuación que tiene como objetivo demorar una norma
que pretende que se requiera a los asesores financieros para que los consejos a
los clientes sean en el mejor interés de los mismos. La Orden del nuevo Presidente
intenta que el Departamento del Tesoro examine si la legislación y reglamentos
vigentes se ajustan a lo que Trump ha identificado como “principios nucleares”
de su Administración. Insiste en la
reducción del intervencionismo gubernamental en los negocios y hacer a las
compañías estadounidenses más competitivas. Asimismo, pretende “empoderar a los estadounidenses para que
adoptaran decisiones financieras independiente”, “impedir los rescates financiados por los contribuyentes” y lograr
el crecimiento económico mediante un “análisis
más riguroso del impacto de la regulación” según destacaba el canal de TV CNBC.
La colaboración de Goldman Sachs
Para los propósitos de desmontar la legislación
financiera de Obama, el nuevo Presidente cuenta con la colaboración de dos
antiguos ejecutivos de Goldman Sachs: Steven Mnuchin
como Secretario del Tesoro y Gary Cohn como asesor económico. Finalmente
el 13 de febrero de 2017 el Senado
estadounidense confirmó a Steven Mnuchin como nuevo Secretario del Tesoro
nombrado por el nuevo Presidente; tras una votación que se resolvió con los 53
votos del partido republicano frente a los 47 votos de senadores demócratas en
contra (excepto el senador por West Virginia que apoyó el nombramiento). Y
durante la cual los demócratas le criticaron como banquero de Wall Street, acusando
a Trump de quebrantar su promesa de defender a los trabajadores de los EEUU. Mnuchin, además de ejecutivo de Goldman Sachs,
fue director financiero de la campaña electoral del candidato Trump; y también dirigió
el Banco One West en la etapa de los escándalos de las ejecuciones
hipotecarias. Como dijo el senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, “toda la carrera profesional del señor
Mnuchin puede resumirse efectivamente en una línea: privatizaba las ganancias y
socializaba las pérdidas”. Desde luego no escasearon las descalificaciones, como el “rey de los desahucios” que le llamó el senador Ron Wyden, demócrata de
Oregon. En una complicada audiencia de confirmación ante el Comité de Finanzas
del Senado, Mnuchin fue reprendido por los demócratas por no revelar su papel
como director de un fondo de inversión basado en el paraíso fiscal de las Islas
Caimán.
Las duras críticas en la prensa
La prensa estadounidense recordaba que Trump llegó a
la Casa Blanca con una plataforma populista rebosante de ataques contra los
megabancos de Wall Street, asegurando que aplicaría grandes recortes a las
disposiciones de la ley Dodd-Frank, hasta que celebró un encuentro de
asesoramiento al que asistieron el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y el CEO de Blackstone,
Steve Schwarzman. Según Trump, las normas aprobadas durante la etapa Obama tras
la crisis han ahogado los negocios y la creación de empleo.
La Orden ejecutiva establece que la
revisión se centrará en varios objetivos generales de la Administración que se
relacionan en gran medida con sus promesas de campaña para reducir la
participación del gobierno en los negocios y hacer que las compañías
estadounidenses sean más competitivas. Trump apunta a "capacitar a los estadounidenses para tomar decisiones financieras
independientes", "prevenir
los rescates financiados por los contribuyentes" y crear crecimiento
económico a través de "un análisis
más riguroso del impacto regulatorio". Asimismo, la Orden también
señala objetivos para "permitir que
las compañías estadounidenses sean competitivas con las firmas extranjeras"
y "promover los intereses
estadounidenses en las negociaciones de regulación financiera internacional”.
Los cambios importantes en la ley Dodd-Frank requerirán probablemente la
intervención del Congreso.
Destacados senadores demócratas han criticado
esta Orden. Para el líder de la minoría, Chuck Schumer, demócrata por Nueva
York, Trump está dejando que los grandes bancos “escriban las normas de circulación”. La destacada senadora
demócrata por Massachussets, Elizabeth Warren, conocida por su posición crítica
frente a Wall Street, afirmó que la segunda decisión demorando las reglas
fiduciarias, “hará más fácil para los
asesores de inversiones que nos engañen con los ahorros para la jubilación”
y “dará a dos antiguos ejecutivos de
Goldman Sachs el encargo de vaciar las normas que nos protegen del fraude
financiero y de otro colapso económico”, refiriéndose a los citados dos ex
ejecutivos de Goldman Sachs del equipo presidencial. Aunque a lo largo de la
campaña presidencial atacó reiteradamente a esta firma como prueba de la
influencia de las élites ricas en el sistema financiero. Como señalaba The NewYork Times, con esta Orden ejecutiva se ha borrado cualquier duda que quedara
de que Trump no tiene ninguna intención de cumplir las promesas de su campaña a
las familias trabajadoras a lo largo y ancho del país.
Los críticos frente a la idea de
alterar la legislación financiera de la presidencia de Obama, señalan que todo
apunta a una vuelta a la etapa anterior a la crisis de 2008, cuando los bancos
operaban sin una regulación y supervisión significativas, señala el director de
Americanos por la Reforma Financiera, una coalición de grupos de derechos humanos, consumidores y
de la pequeña empresa. “Ya hemos tenido
la experiencia con la auto regulación de Wall Street antes de la crisis
financiera y no funcionó bien…” “Cuando
se deja al sector bancario que establezca sus propias reglas, crea más riesgos…
que terminan pagando los contribuyentes y las familias trabajadoras.”
Trump cuenta con los trabajos
previos del partido republicano
El proyecto del Presidente Trump para
volver a la desregulación bancaria anterior a la crisis de 2008, entronca con los
planteamientos del partido republicano que tiene la mayoría del Senado y de la
Cámara de Representantes, influida fuertemente por el Banking caucus. La
Administración Trump tiene ya un proyecto de ley elaborado por el partido
republicano para desmantelar la ley Dodd- Frank. Este proyecto se llama
Financial Choice Act y fue presentado el año pasado aunque sus ideas son más viejas. No tendría como objetivo la
derogación de la legislación de Obama sino modificar aquellas disposiciones que
disgustan particularmente al sector bancario. La estabilidad económica y la
mayor seguridad de los bancos alcanzada, no han impedido que el congresista Jeb
Hensarling, republicano por Texas, liderara la presentación del proyecto de ley
contra la reforma financiera de Obama.
Hensarling es un cruzado de la desregulación, amigo del actual Vicepresidente
Mike Pence, que también fue un duro crítico de la Dodd-Frank en su etapa de
congresista como presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de
Representantes. Hensarling es miembro del llamado Banking caucus, un grupo
de legisladores que mantienen estrechos lazos con la industria financiera y han
recibido de los grandes bancos algunas de las mayores aportaciones a la campaña
electoral, según el Center for Public Integrity.
La gran banca de Wall Street cuenta,
pues, con una Administración representativa del 1% más rico de la población en la
Casa Blanca, dispuesta a manejar el timón de la mayor economía de mundo en su
propio beneficio.-
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