La excesiva influencia y peso de los lobbies corporativos,
en particular los lobbies financieros, sobre las instituciones comunitarias ha
consolidado la expresión lobicracia
europea; y se ha demostrado que el BCE no quedaba excluido. Tras una
investigación de un año de duración, la Defensora del Pueblo en la Unión
Europea, la irlandesa Emily O'Reilly, ha recomendado que el presidente del BCE,
Mario Draghi, suspenda su pertenencia al Grupo de los 30 (G30) durante el
tiempo que resta de su mandato (hasta octubre de 2019), con el fin de proteger
al Banco y a su Presidente de cualquier
percepción de que su independencia pudiera verse comprometida; según reza el comunicado de prensa del 18 de enero de 2018. Asimismo el Defensor del Pueblo
recomienda que en adelante los futuros presidentes del BCE no se conviertan en
miembros del G30.
Un club privado llamado el Grupo de los 30
El G-30 se autodefine como una entidad privada sin ánimo de
lucro, de carácter consultivo en asuntos monetarios y económicos
internacionales a la que se accede por invitación, con sede en Washington D.C.,
curiosamente en la calle K, muy conocida por acoger la domiciliación de las
agencias de relaciones públicas, de estrategia y comunicación política. Y es
que en realidad es que se trata de un distinguido lobby financiero global, que
agrupa a un reducido número de presidentes de bancos centrales, altos
ejecutivos de destacados grupos bancarios y relevantes académicos; y cuyas
deliberaciones secretas abordan asuntos de trascendencia mundial. El G30 fue
creado en 1978 por grandes corporaciones financieras, oficialmente como un
grupo de expertos y un foro para intercambios informales entre líderes de las
finanzas, públicas y privadas. Sin embargo, el grupo pronto ofreció signos de su
actuación como lobby en el mundo financiero global, presionando intelectual y
políticamente en favor de un tipo de regulación que favorece a los grandes
actores en los mercados de capitales, casi siempre con representantes de los
grandes bancos como voceros.
Al frente del G 30 se encuentra Jacob Frenkel como
presidente de consejo de fideicomisarios (the Board of Trustees), labor que
compatibiliza con su dedicación de presidente de JP Morgan Internacional. Y el
Grupo está presidido por Tharman Shanmugaratnam, vice primer ministro del
gobierno de Singapur, ministro coordinador de las políticas económicas y
sociales y asimismo presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), de
su Banco central y del Regulador financiero. Como tesorero del G-30 hallamos a Guillermo
Ortiz que es el actual presidente del BTG Pactual Latin America ex-Brazil, un
gran banco financiero y de gestión de patrimonios en Latinoamérica. Entre los restantes
miembros del selecto grupo, hemos de destacar también a Axel Weber, ex
presidente del Banco central alemán y actual presidente del grupo bancario suizo UBS y presidente del Instituto
Internacional de Finanzas, primer lobby
de la gran banca con sede asimismo en Washington D.C.
Mario Draghi se unió al G30 en 2005 cuando aún era un alto
ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs. En aquel momento, el entonces
presidente del BCE, Jean-Claude Trichet estaba integrado en dicho Grupo; y
cuando Draghi reemplazó a Trichet en el Banco de Fráncfort, ambos permanecieron
como miembros. Y en los últimos años, ha habido muchos indicios de que el BCE
estaba intensificando su participación, con varias personas de los órganos
rectores que aparecen en eventos del G30 y participando en sus grupos de
trabajo.
La independencia del BCE y Supermario
Conviene recordar que el Banco Central Europeo es el único
banco del mundo cuyos poderes no dependen de un Estado y que su independencia está
garantizada jurídicamente nada menos que por un tratado internacional. Lo que
hace que esta vinculación del Presidente del BCE con el Grupo de los 30, un
club exclusivo que ejerce de lobby financiero, resulte más odiosa y más
inaceptable aún, es que esa vinculación ha tenido lugar en paralelo a una
expansión del mandato del BCE. Tras la crisis financiera de 2008, y al asumir
la supervisión de los bancos más grandes de Europa, el BCE ha consolidado y
fortalecido su relación con muchos de ellos en el G30, suscitando la preocupación
de que esos grandes bancos hayan podido ejercer una influencia indebida sobre
las políticas del Banco, detrás del escenario de crisis y recesión económica en
la UE, como fuente de consenso tácito. Y en estos cambios ha jugado un papel
decisivo Mario Draghi.
Ya en 2011, cuando Mario Draghi llegó al BCE suscitó
inquietudes en Alemania sobre la política que seguiría con el euro. Pero ciertamente
Draghi no se quedó en la política monetaria estricta sino que, además, aplicó
una batería de medidas no convencionales que han revolucionado el papel del Banco
Central del euro en la economía y en la política comunitaria. A finales de
julio de 2012, cuando la conocida como prima de riesgo de España estaba por las
nubes, con el bono español a 10 años por encima del 7% y con el Ibex 35 cayendo
6 puntos por sesión, Draghi pronunció la frase que sirvió de apoyo para giro en
las políticas del BCE cuyos límites no han tocado techo hasta hoy: «El BCE está dispuesto a hacer todo lo
necesario para salvar el euro. Y, créanme, será suficiente». (“the
ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it
will be enough”). Incluso quienes le pusieron entonces el apodo de
«Supermario» no sospechaban siquiera que llegaría a realizar compras mensuales
de activos públicos y privados por valor de 80.000 millones de euros,
rescatando a la banca europea de modo
soterrado. Muchos analistas le acusan hoy de haber convertido el BCE un el gran
«banco malo» de Europa, sufragando la socialización de pérdidas de la banca de
los Estados deficitarios que se encontraron con dificultades para ajustarse a
la nueva realidad económica con cargo al sufrido contribuyente.
La decisión del Defensor del Pueblo Europeo de pedir al
presidente del Banco Central Europeo que cancele su vinculación a un club opaco
y exclusivo, dominado por las corporaciones financieras, es un paso
significativo hacia el fin de una cultura de colusión secreta entre los
reguladores y los grandes bancos. Aunque esta decisión no supone el final de la
Europa opaca de las finanzas.
La decisión del Ombudsman
europeo: mala administración
A juicio del Defensor del Pueblo de la UE la vinculación del
BCE al G-30, a un lobby de banqueros y financieros de alto rango, se considera
contraria a las normas del BCE en sí misma; y el hecho de que esto se haya
permitido durante tanto tiempo, equivale a "mala administración”, según razona este órgano supranacional
europeo; algo que "podría socavar la
confianza pública en la independencia del BCE".
Los razonamientos de citada recomendación del Ombudsmaneuropeo resultan aplicables a las demás instituciones europeas:
“Los principios de la
buena administración requieren que el desempeño objetivo e imparcial de quienes
ejercen un cargo público no se vea influido, o incluso parezca estar influido,
por las relaciones privadas. El hecho de que los propios miembros del BCE
puedan considerar que no es así, y que su independencia no está en algún modo
comprometida por la pertenencia al G30, de ninguna manera mitiga el riesgo de
que la confianza pública en el BCE pueda verse socavada por la percepción de
que existe tal alcance de influencia. Por lo tanto, las situaciones que podrían
dar lugar a la aparición de cualquier tipo de influencia indebida deben
evitarse. Esto es aún más importante después de la crisis financiera, con la
preocupación pública continua sobre la relación entre la industria financiera y
los reguladores. Como resultado, el Defensor del Pueblo considera que sin duda
ayudaría a reforzar la confianza pública en el BCE si su Presidente suspendiera
su pertenencia al G30”
(…)
“La cercanía implícita
de la relación a través de la condición de miembro (del G30), particularmente
entre un banco supervisor y aquellos que supervisa, no es compatible con la
obligación de independencia de una institución como el BCE para la cual la
independencia es el sello distintivo de sus operaciones.
La independencia
operacional y política se otorga intencionalmente al BCE para que pueda llevar
a cabo sus funciones vitales sin interferencia, incluida la interferencia tanto
política como industrial. El grado de independencia otorgado al BCE en el
interés público subraya su obligación de proteger esa independencia, incluso
desde la percepción de que una persona o entidad podría buscar de manera
inapropiada influir en su toma de decisiones.”
Sin duda ha resultado acertado en este caso recurrir al
Defensor del Pueblo Europeo como institución destinada a investigar las
reclamaciones acerca de los casos de mala
administración en las instituciones y órganos de la Unión Europea; a la
cual pueden recurrir los ciudadanos o residentes de un Estado miembro de la
Unión, así como las empresas, asociaciones y otras entidades con domicilio
legal en la Unión, que ofrece un medio rápido, flexible y gratuito de resolver
problemas con la gestión de las instituciones de la UE.
La decisión del Defensor del Pueblo no solo le pide a Mario
Draghi que renuncie al G30, sino que hace hincapié en que ningún miembro de los
órganos rectores, o el personal del BCE, deberían unirse como miembros. También
exige que, en la medida en que el BCE tenga la intención de participar en las
actividades del G30, las reuniones tendrán que realizarse bajo condiciones de
fuertes salvaguardas. En algunos casos, esto requeriría un fortalecimiento de
los protocolos del banco central, como en el caso del Consejo de Supervisión
del BCE, cuyas reglas éticas son demasiado vagas en la actualidad para asegurar
los más altos estándares cuando se trata del sector financiero.
La fundación ciudadana el Observatorio de Europa Corporativa(Corporate Europe Observatory) de Ámsterdam, promotora de la investigación y
resolución del Ombudsman (Ombudswoman) europeo, además de mostrar su
satisfacción con la decisión tras el trabajo de seis años, resalta la necesidad
de seguir actuando para desterrar la cultura que se ha desarrollado en el BCE y
en las demás instituciones europeas, que implica una relación estrecha y opaca
de la tecnocracia y los dirigentes electos con los líderes de la gran banca y
los grupos financieros. Con demasiada frecuencia, la necesidad de 'mantenerse informado' se usa como
pretexto para adoptar un enfoque estrecho de consulta con el mundo exterior, en
el que los responsables de la toma de decisiones del BCE y de la Comisión se
codean con los ejecutivos de las mismas entidades financieras que han de ser
reguladas para proteger y promover el interés público.
En ese sentido, la decisión del Defensor del Pueblo abre la
puerta a renovados esfuerzos para eliminar otros elementos de las iniciativas
de consulta del BCE, especialmente sus grupos asesores, que el Observatorio
Corporativo de Europa ha demostrado que están dominados de forma masiva por la
industria financiera. Después de todo, este tema no es solo sobre el G30, se
trata de la captura corporativa de la toma de decisiones que se supone que se
está haciendo en interés del público.-
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