La realidad nos muestra que el combate contra la corrupción
política requiere la intervención activa de aquellos ciudadanos más
concienciados en la aplicación de las leyes y la defensa del interés general
que tienen noticia de hechos delictivos; pero necesitan protección legal para
impedir represalias. Gracias a las
denuncias públicas, entre otras a las de la funcionaria Ana Garrido,
interventora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (un municipio de Madrid de
50,000 habitantes), pudo llevarse a los tribunales a la trama nacional de
Gürtel, el importante caso judicial – del que Garrido ha sido testigo - que
implica a dirigentes del Partido Popular y que en Mayo pasado motivó la caída
del Gobierno Rajoy. Antes y después de esas denuncias esta funcionaria hubo de sufrir
una virulenta campaña de acoso que llegó hasta su despido, por negarse a firmar
informes sesgados favorables a empresas adjudicatarias, que más tarde
aparecieron ligadas a la referida trama de corrupción política y financiación
ilegal de un partido político en España. Sn embargo, en noviembre de 2017 el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia del Tribunal Superior de Madrid que había
condenado al dicho Ayuntamiento al pago
de una indemnización por acoso laboral a dicha ex funcionaria, pero
ratificando la pérdida del empleo que había ejercido durante veinte años.
Asimismo,
para la erradicación del fraude fiscal o financiero en un mundo bancario
Y la inquietante opacidad de los negocios ilícitos montados
sobre los big data o megadatos
solamente podrá ser horadada y regulada con la cooperación de quienes conocen
sus interioridades. Lo prueba el alcance mundial que han tenido las revelaciones a los medios,
confirmadas luego ante el Senado de los EEUU, de Christopher Wylie, un joven informático de la firma de
análisis de datos Cambridge Analytica, que denunció la masiva
explotación comercial ilícita de los millones de datos personales de los
suscritores de Facebook; y, en particular, su utilización técnica para contribuir a la campaña electoral
del presidente Donald Trump durante 2016; y asimismo como ayuda de la
campaña del referéndum británico en favor del Brexit.
A estos casos podríamos sumar la mención de muchos otros
que han generado los recientes escándalos provocados por las revelaciones del
Dieselgate, LuxLeaks o los papeles de Panamá, que han sido desencadenados por
ciudadanos anónimos en defensa del interés general.
Que es un whistleblower o denunciante
Todos esos escándalos son el resultado de comportamientos de personas que
son denominadas en inglés con la palabra whistleblower (literalmente: persona que hace sonar
un silbato o
pito), un ciudadano, empleado en el sector público o privado, que decide dar a
conocer a las autoridades u organismos públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad civil, un hecho que puede
constituir un fraude u otro delito o una grave
irregularidad, del que en un momento dado dispone de información que se oculta
o está siendo silenciada en perjuicio público. El diccionario de Cambridge define whistleblower (traducción) como “una persona que le
dice a alguien con autoridad sobre algo ilegal que está sucediendo,
especialmente en un departamento gubernamental o una empresa”. Por el
contrario, en español disponemos de vocablos equivalentes pero que designan tal
conducta peyorativamente como chivato, delator, alertador, informador o
denunciante e incluso soplón en algunos países.
La Comisión europea
parece haber zanjado el tema optando por el vocablo denunciante para denominar aquellas personas que pueden desempeñar
un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el
interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos. Y en abril de 2018, el ejecutivo de Bruselas
ha propuesto una nueva directiva para reforzar la protección de los
denunciantes de irregularidades e ilegalidades en toda la UE.
La necesidad de protección
legal de los denunciantes
En el conjunto de la Unión Europea las
acciones de los delatores de fraudes fiscales o de la corrupción política
carecen de amparo legal que asegure su exposición frente a las represalias de
las entidades denunciadas, públicas o privadas. En la actualidad, la protección
ofrecida a los denunciantes de irregularidades o ilegalidades en toda la UE es
dispersa y desigual. Según informa la Comisión, solo diez Estados miembros de
la UE garantizan la plena protección de los denunciantes de ilegalidades e
irregularidades. Y España se sitúa a la cola de los países de la
Unión en materia de protección legal y social de los denunciantes de corrupción
o whistleblower, según un estudio de
2017 coordinado por FIBGAR (la Fundación que lidera el juez Baltasar Garzón) que analiza la situación legal, judicial,
social y política y la percepción social del papel de estos ciudadanos. Hasta
hoy carecemos de una ley específica sobre la protección de denunciantes en
nuestro país y la legislación actual se refiere sólo de manera indirecta a
la denuncia de ilegalidades e irregularidades. En los demás países, según la Comisión, la
protección concedida al denunciante es parcial y se aplica únicamente a
determinados sectores o categorías de trabajadores.
Con la inaceptable lentitud tradicional de los procesos legislativos en las
instituciones de la UE, la citada propuesta de la Comisión responde a una Recomendación del Consejo de Europa de 2014 que
abogaba por que «los Estados miembros creen un marco normativo,
institucional y judicial para proteger a las personas que, en el contexto de
sus relaciones laborales, informen o revelen información sobre amenazas o
perjuicios para el interés público» y establece principios para orientar a
los Estados cuando introduzcan o revisen dichos marcos.
La propuesta de la Comisión europea
pretende garantizar un elevado nivel de protección para los denunciantes que
notifiquen infracciones del Derecho de la UE, mediante el establecimiento de
unas nuevas normas en toda la UE; que prevean canales seguros de notificación
tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas. También
protegerá a los denunciantes de irregularidades contra el despido, la
degradación y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades
nacionales informen a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre
el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades. El
vicepresidente primero, Frans Timmermans,
reconocía que: «Muchos escándalos recientes podrían no haber salido
nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse.
Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. Así pues, si protegemos
mejor a los denunciantes de irregularidades, podremos detectar y prevenir mejor
los perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción, la
evasión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente.
No se debe castigar a nadie por hacer lo correcto. Además, la propuesta europea
también protegerán a quienes sirvan de fuentes a los periodistas de
investigación, con lo que se contribuirá a garantizar la defensa de la libertad
de expresión y de medios de comunicación en Europa».
Los denunciantes de ilegalidades e irregularidades pueden ayudar a
detectar, investigar y sancionar los abusos de la legislación de la UE. También
tienen una importante función a la hora de facilitar que los periodistas y la
prensa libre desempeñen su papel fundamental en las democracias europeas. Por
ello, estos denunciantes necesitan la protección adecuada contra la
intimidación o las represalias, impidiendo que los ciudadanos que revelen
actividades ilegales no sean castigados por su actuación. Sin embargo, en la
vida real, muchos de ellos pierden por sus actos su empleo, su reputación o
incluso su salud; el 36 % de los trabajadores que han notificado conductas
irregulares ha sufrido represalias (2016 Global Business Ethics Survey). Proteger a los denunciantes de
irregularidades también contribuirá a defender la libertad de expresión y la
libertad de los medios de comunicación, y es esencial para preservar el Estado
de Derecho y la democracia en Europa.
Amplitud de la protección legal prevista
La referida propuesta pretende garantizar
una protección en toda la UE para los denunciantes que notifiquen infracciones
de la legislación europea en materia de contratación pública; servicios
financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de
los productos; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente;
seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar
de los animales; salud pública; protección de los consumidores; privacidad,
protección de datos y seguridad de las redes y los sistemas de información.
También se aplicará a las infracciones de las normas de competencia de la UE,
las vulneraciones y el abuso de las normas relativas al impuesto sobre
sociedades y el daño a los intereses financieros de la Unión. La Comisión
alienta a los Estados miembros a superar estas normas mínimas y a establecer
normativas exhaustivas basadas en los mismos principios en materia de
protección de los denunciantes de irregularidades.
La propuesta protege la denuncia de
irregularidades responsable y claramente dirigida a salvaguardar el interés
público, contemplando salvaguardias para disuadir e impedir los informes
abusivos o malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación.
Valoración positiva de ONGs
La propuesta "no
podría llegar en un momento más vital", se afirma en un comunicado de
prensa de Transparency International, la
conocida ONG que combate la corrupción. Esta organización, que ha estado
haciendo campaña por la protección de denunciantes durante mucho tiempo, estima
que la Comisión Europea ha producido una propuesta ambiciosa que tendrá que
reforzarse para garantizar que los denunciantes estén protegidos, sin importar
quiénes puedan ser o dónde trabajan. Transparencia Internacional España viene
trabajando desde hace tiempo en materia de Protección de denunciantes o whistleblowing, tanto a nivel nacional
como internacional, buscando como objetivo principal la aprobación de una Ley
para proteger a los denunciantes corrupción en nuestro país. Entre las varias
acciones emprendidas, destaca en especial la elaboración de propuestas para que
los Partidos políticos incluyan la protección de denunciantes en sus programas
electorales o la publicación de recomendaciones a la Proposición de Ley
Integral contra la Corrupción que se debate en el Congreso de los diputados en
España.
Para FIBGAR esta propuesta de la Comisión europea es un
hito importantísimo que cuenta con aspectos positivos gracias a la implicación
de muchas organizaciones expertas, y sobre todo de cara a que estas propuestas
se implementen en los distintos países miembros, todo un desafío para España. El proceso legislativo iniciado prevé no
sólo abarcar al mercado financiero de la Unión Europea o el funcionamiento de
los mercados individuales, sino que también considera garantizar la protección
a los que presenten información de malas prácticas contra el medioambiente, en
asuntos nucleares, de protección de la privacidad y datos personales, sistemas
de salud, entre otros.
Sin embargo, en opinión del autor de este blog, esta
pretensión europea de una legislación ómnibus en materia de protección de whistleblowers corre el riesgo de
ofrecer una normativa demasiado generalista de limitada virtualidad; y que su
desarrollo en algunos de los países miembros les reste eficacia práctica. Concretamente,
una regulación sólida de la protección de las denuncias frente a los fraudes
financieros tendría que ir precedida de un profundo análisis de las prácticas y
mecanismos que aplican la banca y las firmas que operan en los mercados. Y subrayemos
que la reforma financiera del Presidente Obama de 2010 ya incluyó unas primeras
medidas legales en este campo a las que siguieron leyes específicas; mientras
que la UE ha comenzado el largo proceso de regulación de los denunciantes unos
diez años más tarde. Y un problema congénito de la legislación de la UE es que el diablo está en los detalles, según el
dicho británico.-
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