ca debe pagar
LA BANCA DEBE PAGAR
El impuesto a la banca que provoca tanto
furor a los banqueros no es una inquina contra las entidades financieras del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera de la Ejecutiva socialista
ni de Podemos. En realidad, esta iniciativa fue una recomendación del Fondo
Monetario Internacional (FMI) en el clima de zozobra que vivía el capitalismo
tras el estallido de la Gran Recesión de 2008.
Dos años después, el FMI elaboró un
informe sobre las obligaciones de la banca para resarcir los daños que había
causado. El documento fue analizado por los líderes del G-20 en Toronto
(Canadá) en junio de 2010. El Fondo planteó “cómo el sector financiero podría
hacer una justa y sustancial contribución para pagar los costes de las
intervenciones gubernamentales que se realizaron para reparar el sistema bancario”.
Entre sus recomendaciones figuraba el establecimiento de impuestos a la banca
para compensar las ayudas prometidas que superaban el 25% del PIB mundial.
La filosofía del FMI de que la banca tiene
que contribuir a subsanar los daños causados y eliminar las malas prácticas no
es un asunto de aquellos momentos de pánico, sino que está plenamente en vigor.
En 2017 el Gobierno de centro derecha de Australia aprobó un impuesto a las entidades financieras “para que los bancos hagan una contribución al riesgo sistémico que ellos generan”. El Gobierno pensaba obtener entre 1.500 y 1.600 millones de dólares australianos anuales (940 - 1.000 millones de euros). Para reforzar sus argumentos las autoridades recordaron que los grandes bancos se beneficiaban de la percepción existente de que en caso de crisis el Gobierno siempre los rescataría.
En 2017 el Gobierno de centro derecha de Australia aprobó un impuesto a las entidades financieras “para que los bancos hagan una contribución al riesgo sistémico que ellos generan”. El Gobierno pensaba obtener entre 1.500 y 1.600 millones de dólares australianos anuales (940 - 1.000 millones de euros). Para reforzar sus argumentos las autoridades recordaron que los grandes bancos se beneficiaban de la percepción existente de que en caso de crisis el Gobierno siempre los rescataría.
Esta garantía del Estado implica la
existencia de un subsidio público implícito que oscila entre 1.800 y 3.750
millones de dólares al año, según calculó la Reserva Federal de Australia, un
subsidio público que disfrutan los bancos de todo el mundo.
En 2011 el Gobierno británico de David
Cameron estableció un impuesto a la banca (bank
levy) con el propósito de asegurar que los bancos “hagan una
contribución justa que refleje los riesgos que representan para el sistema
financiero y la economía del Reino Unido en general”. En el mismo ejercicio
Alemania instauró un impuesto a la banca para financiar un fondo nacional para
futuras reestructuraciones bancarias por un montante de 70.000 millones de
euros. En 2015 las aportaciones ascendieron a 1.580 millones porque se
calcularon según los criterios del Fondo Único de Resolución (FUR), el
mecanismo europeo para financiar futuras resoluciones bancarias.
El FUR tiene previsto recaudar este año
8.100 millones de euros y cuenta ya con unas reservas acumuladas de 24.900
millones de los que 2.800 millones han sido aportados por la banca española. No
obstante, hay que tener en cuenta que España es el país en que la crisis
bancaria ha sido más costosa para los ciudadanos. El dinero empleado en sanear
las instituciones españolas y que ya se da por perdido supera los 48.000
millones de euros, el 22% de todas las pérdidas registradas en la UE, según
Eurostat.
El rechazo frontal de la banca a un nuevo impuesto
contrasta con los excelentes resultados que está cosechando. El pasado
ejercicio ganó 12.060 millones, el 51% más que el año anterior. Según los
cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) el tipo efectivo
que pagan las grandes entidades de crédito fue del 14,2% en 2015 y la cifra
actual puede ser mucho más reducida. Este sindicato considera que la banca
disfruta de numerosos privilegios como fue el mantenimiento del tipo del 30%
del Impuesto de Sociedades, cuando se rebajó al 25% para el conjunto de
empresas. Esta excepción que se vendió como un mayor sacrificio de la banca
significó en realidad un trato de favor.
Gracias a disfrutar de un tipo más
elevado, los bancos salvaron créditos fiscales por una cuantía de 6.400
millones de euros. Los créditos fiscales permiten reducir los impuestos al
considerar las pérdidas generadas en el pasado. Algunas entidades han reducido
su contribución fiscal tras la adquisición por un euro de bancos con elevadas
pérdidas que han incorporado a su balance y así han reducido sus impuestos.
La AIREF ha advertido que en los
presupuestos del próximo año se obtendrán menos ingresos porque un banco ha
solicitado el reconocimiento de 1.000 millones por créditos fiscales. Sin
nombrarlo se refiere al Santander, que compró por un euro del Banco Popular con
elevadas pérdidas.
La contribución que pide ahora el Gobierno
a la banca tiene mucho que ver con las secuelas de la crisis bancaria. La
debacle financiera destruyó 3,5 millones de empleos. Antes de la crisis la
Seguridad Social tenía superávit, pero la drástica reducción de las
cotizaciones sociales ha generado un déficit de más de 18.000 millones de
euros.
En el origen de esta historia está la
propuesta del presidente del Gobierno. “Creo”, dijo Pedro Sánchez, “que
es justo también en contraprestación, pedirle al sector financiero que
contribuya a sostener aquello que identifica singularmente a los españoles como
es el sistema público de pensiones”. Gestha ha calculado que con un impuesto a
la banca como el del Reino Unido se podrían recaudar entre 1.800 y 1.900
millones de euros anuales.
Los bancos deberían responder seriamente a
esta sugerencia y no con amenazas de trasladar actividades a otros países. La
banca goza de injustificados privilegios. Tiene, además, un serio problema de
reputación que proviene de sus malas prácticas condenadas por la justicia
europea y española. Si quiere normalizar su imagen debe cambiar radicalmente de
comportamiento. Por otra parte, el Gobierno no debería vacilar en utilizar sus
poderes para eliminar todos los privilegios y exigir una contribución justa de
todos los sectores en función de su capacidad económica.
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