LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA: BANKIA
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La titulización de las deudas:
burbuja crediticia e inmobiliaria.
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El Grupo BFA-Bankia, una
estructura jurídica artificial
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La cuantificación de las pérdidas
de Caja Madrid-Bankia
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El fiasco de la salida a Bolsa de
Bankia: “hazte banquero”.
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La “nacionalización” y el rescate
europeo: el memorándum.
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La estafa de las participaciones
preferentes.
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Directivos corruptos: las tarjeta black
·
Colusión política y rescate
******
El 17 de abril de 2015, Rodrigo Rato, ex presidente de
Bankia, ex vicepresidente del Gobierno y ex Director Gerente del FMI, era
detenido por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes, en una operación que dio
lugar a la famosa foto del policía con su mano en el cogote del exministro
ayudándole a agachar la cabeza al entrar en el coche. Fue una fugaz imagen de
gran impacto mediático que escondía la libertad de la que sigue gozando el
procesado al terminar 2016. Pendiente de varios juicios, hasta donde sabemos,
el procesamiento de Rato está ligado en parte a toda la peripecia de la
desaparición de la centenaria Caja de Ahorros de Madrid y a la fraudulenta gestión
del Grupo Bankia que aglutinó aquella con otras seis cajas de ahorro.(Rato ha sido encarcelado en octubre
de 2018 por sentencia firme del caso de las tarjetas black)
Cuando todavía no se habían iniciado los numerosos procedimientos judiciales en
curso, ni se había configurado el caso judicial de Bankia, el gobernador del
BCE, Mario Draghi, afirmó en 2012 que la gestión de la crisis de Bankia se
había realizado “de la peor manera
posible”. ([i][ii])
Y los hechos descubiertos posteriormente
así lo confirman.
Bankia es un paradigma de la insolvencia bancaria ocultada
mediante un acelerado proceso de fusión, reestructuración y recapitalización
con ayudas públicas; pero siempre en perjuicio de los pequeños ahorradores
convertidos en inversores y a costa de los contribuyentes. Aunque el nuevo Bankia era la cuarta entidad
financiera de España con una dimensión sistémica a escala española, su caso no
alcanza la magnitud y dimensión financiera de los episodios de megabancos de alcance
global que hemos analizado en los capítulos anteriores. Sin embargo lo
incluimos en esta saga porque representa otra vertiente delictiva que de alguna
manera practican los grandes bancos globales, como son los abusos bancarios y
los engaños a sus propios inversores y clientes. Los inversores en Bankia y
antes en su núcleo básico, Caja Madrid, han sufrido tres engaños importantes
que han afectado a miles de pequeños ahorradores, como analizaremos en este
capítulo. Cronológicamente, el primero fue la venta de participaciones
preferentes y obligaciones subordinadas en 2009 y años anteriores, que alcanzó
a casi 300.000 ahorradores. El segundo fue la salida fraudulenta a Bolsa de
Bankia en 2011, con una pérdida casi inmediata del 90 por ciento del valor de
las acciones vendidas; a finales de 2015 ya se habían dictado 13.479
sentencias, de las cuales un 95 por ciento eran favorables a los inversores. Y
para muchos clientes de la antigua Caja Madrid, el tercer engaño tuvo lugar con
la ruinosa conversión de participaciones preferentes y subordinadas, que se
materializó en marzo de ese año. A los que tenemos que sumar el escándalo de
las conocidas como tarjetas black u opacas para Hacienda descubiertas en 2014,
que confirman un modelo de gestión corrupta del dinero público y privado
invertido en el Banco.
En este capítulo presentamos un análisis del caso a partir
de la información y datos disponibles; pero el relato completo del caso solo
podremos obtenerlo cuando se cierren todos los procesos judiciales pendientes.
La titulización de las
deudas: la burbuja crediticia e inmobiliaria.
A finales de 2007,
la economía española había alcanzado el máximo apogeo tras una larga fase de
expansión. Este auge había sido propulsado durante los años anteriores por una
fuerte abundancia crediticia concentrada sobre todo en el sector inmobiliario,
que generó una descontrolada burbuja. El aumento del crédito no fue
consecuencia de que los bancos dispusieran de más ahorro de particulares,
proveniente de un incremento de los depósitos de sus clientes... El factor principal
que permitió un crecimiento tan desorbitado del crédito fue el endeudamiento
exterior de los bancos españoles en los mercados financieros internacionales; y
las facilidades crediticias concedidas en el interior. Los bancos y cajas de
ahorros disponían de liquidez para los préstamos hipotecarios convirtiendo esas
deudas ajenas en títulos bursátiles que se vendían en el mercado financiero; y
recuperando así el dinero para seguir prestándolo, según documenta el
estudio académico de tres profesores
españoles publicado por el BCE ([iii]) La pronunciada burbuja inmobiliaria
financiada tuvo lugar mediante el espectacular desarrollo de los mercados de
titulización que condujeron a que se suavizaran las condiciones exigidas para
los préstamos y a los subsiguientes problemas de estabilidad financiera.
Una de
las consecuencias de la burbuja fue el incremento en España del precio de la
vivienda en un 180 por ciento de 1997 a 2007 según los datos del citado
estudio; como también sufrieron fuertes incrementos en anteriores años algunos
otros países europeos como Reino Unido e Irlanda. Y los autores recogen la
conclusión de que el impulso principal para la titulización de los préstamos
concedidos, fueron las necesidades de liquidez de la banca española, que hemos analizado
en otro libro como una necesidad vital para la banca financiera ([iv]). Los capitales extranjeros que adquirían
títulos de los bancos y cajas españolas, procedían principalmente de Alemania y
Francia, que obtenían en estas operaciones mayores rentabilidades que en las
inversiones realizadas en sus respectivos países. Los datos son muy
significativos. Entre 1999 y 2007 el endeudamiento exterior de la banca creció
el 630 % al pasar de los 148.000 millones de euros hasta 1,1 billones ([v]). Los
analistas económicos coinciden en que este aumento disparatado del
endeudamiento exterior fue posible fundamentalmente por la pertenencia al área
europea de la moneda única, el euro, que reforzaba la confianza en los bancos
españoles ante sus prestamistas europeos
junto con la negligente supervisión de las autoridades españolas. Esta
afluencia masiva de crédito provocó no solamente un aumento de los precios de
las viviendas, los inmuebles, el suelo y todo lo relacionado con la promoción
inmobiliaria y la construcción sino que a más créditos, más beneficios para las
entidades financieras. Esta fiebre del crédito que los bancos colocaban entre
las familias y las empresas, les generaba unas ganancias exorbitantes. Nada
menos que 169.281 millones de euros entre 1996 y 2010, según el Banco de
España. El aumento del crédito exigía a los bancos un incremento proporcional
de capital para mantener el ratio de solvencia. Y el problema que se planteó al
estallar la crisis es que el capital se había vuelto escaso y se había
encarecido ([vi]);
y la recesión económica generaba el cierre de pequeñas empresas, el desempleo y
el consiguiente impago de los créditos inmobiliarios y la morosidad de los
clientes.
El Grupo BFA-Bankia, una
estructura jurídica artificial
Lo de Bankia es la crónica de una estafa anunciada para
clientes, ahorradores y ciudadanos en ([vii]) Que BFA-Bankia era inviable y que los gestores de la
entidad y las autoridades lo sabían, quedó de manifiesto en la necesidad de
captar capital privado para sostenerlo como fuera. ([viii]) Desde
el plano académico, los expertos extranjeros ([ix])
sostienen que un test de insolvencia para una corporación es si puede o no
recaudar nuevo capital de inversores privados; porque una incapacidad de
recaudar capital a cualquier precio es un claro signo de que la corporación es
débil y podría ser insolvente.
general; y muestra gráficamente el
proceso de concentración bancaria llevado a cabo por las autoridades económicas
españolas a través de las fusiones; que en general han tenido consecuencias
nefastas para la sociedad con despidos masivos, mayores abusos sobre los
clientes, exclusión financiera y pérdida de la banca de proximidad; es una
valoración crítica bastante compartida de Joan Ramón Sanchís Palacio,
catedrático de economía de la Universidad de Valencia. En Bankia se han dado
todas las malas prácticas de los grandes bancos en España, como los abusos e
ilegalidades cometidas por los directivos bancarios como el uso de las tarjetas
black u opacas y el cobro de indemnizaciones y sueldos desproporcionados; y los
abusos a los pequeños ahorradores a través de la colocación de títulos
engañosos como las participaciones preferentes, la conversión de estas en
acciones y la salida fraudulenta a Bolsa. Los hechos señalan a Bankia como el
ejemplo más característico y evidente del fracaso de la política de reforma
bancaria llevada desde el Gobierno, con el proyecto de transformar Caja Madrid
y Bancaja más cinco pequeñas cajas de ahorros, entidades públicas todas, en un
banco privado que tras su salida a Bolsa el 20 de julio de 2011, tuvo que ser
“nacionalizado” y rescatado un año después con una aportación inicial de 19.000
millones de euros de ayuda europea.
Todo un compendio de errores
La desafortunada historia de Bankia desde su constitución
hasta su recapitalización es un compendio de los muchos errores cometidos para
hacer frente a la crisis de las cajas de ahorro, en opinión de tres expertos
solventes. ([x]).
No sólo por su tamaño sino por su naturaleza y composición, este grupo bancario
encarna todos los errores cometidos en la gestión de la crisis bancaria en
España; su propia creación fue un error como ya admitió en televisión el propio
ministro de economía Luis de Guindos. Y hubo errores de los gestores amparados
por los supervisores; y también hubo guerras políticas que complicaron la
situación de la entidad. Porque los fallos no empezaron el día de su nacimiento
cuando se unieron mediante un SIP ([xi]),
una peculiar fusión de las siete cajas de ahorros: Caja Madrid, Bancaja
(Valencia), Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Ávila, Caixa Laietana y Caja
Canarias. Los problemas de la nueva entidad financiera se gestaron muchos años
antes, durante la burbuja inmobiliaria. Caja Madrid y Bancaja, los principales
componentes del grupo y principales causantes de lo que fue una tragedia,
habían concentrado buena parte de sus créditos durante casi una década en las
actividades de promoción inmobiliaria y, lo que fue mucho peor, en los
promotores y en la compra de suelo para la especulación. Y buena parte de estas
inversiones se realizaron con el dinero prestado por grandes bancos
internacionales.
Por tanto, la brusca caída del sector inmobiliario
significó el consiguiente aumento de la morosidad, los impagos y quiebras de
promotores y constructores de viviendas; y el cierre de la liquidez en los
mercados internacionales colocó a ambas entidades en Madrid y Valencia, en una
situación más que complicada, ya en 2009. Una situación que fue enmascarada
durante años, en particular mediante la refinanciación del principal e intereses
de los créditos dudosos no declarados como tales. En el caso de Caja Madrid,
donde hubo un relevo en la presidencia, fueron más fáciles de detectar los
problemas. Los informes de la inspección del Banco de España respecto a las
cuentas de 2010 (que se publicaron en los medios en 2012) reflejaban que Caja
Madrid y Bancaja, tenían fuertes pérdidas acumuladas con anterioridad a la
subsiguiente fusión. Esta fragilidad era más grave y sistémica, ya que estas
dos cajas ocupaban el puesto segundo y tercero del ránking español de cajas de
ahorro.
Tras fallidos intentos de fusión con otras cajas y
conocidos los intentos de la entonces presidenta de la Comunidad Autónoma de
Madrid de sustituir al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por otra
persona, la dirección del Partido popular (en el gobierno central y en la
mayoría de las autonomías) presentó la candidatura de Rodrigo Rato, ex
vicepresidente del Gobierno de Aznar y ex gerente del FMI, que accedió a la
presidencia de Caja Madrid el 29 de enero de 2010 con el necesario apoyo del
gobierno e instituciones implicadas. Un mes después, el recién llegado a la
presidencia de la entidad en una carta a los principales cargos destacaba la
falta de capital de la entidad: “La
regulación financiera nos va a obligar no sólo a preservar sino a aumentar
nuestra capitalización, y a mejorar nuestro perfil de riesgo, así como a
nuestros ratios de liquidez”. Estaba claro que la insuficiencia de capital
no se planteaba como un problema ya existente anteriormente sino atribuible a la
regulación, un claro error de apreciación que conduciría por un camino de huida
de la cruda realidad. En mayo de 2010
comunicó al consejo la creación de un SIP, modelo conocido como fusión fría, un
mecanismo legal de consolidación de las cuentas, que en este caso sumaba a Caja
Madrid con Bancaja y cinco cajas pequeñas
y solicitaron 4.465 millones al FROB, el fondo estatal de rescate
bancario. ([xii])
.
La entelequia del BFA.
Este modelo societario elegido para la integración de las
siete cajas mediante un denominado Sistema Institucional de Protección (en
siglas SIP), diseñado como mecanismo de
fusión de las cajas de ahorro con problemas de solvencia, para el caso se
denominó Banco Financiero y de Ahorros (BFA), cuyo balance sumaba los de las
cajas integrantes, mutualizando al cien por cien el patrimonio y los resultados
y constituyendo una unidad de gestión común de rango funcional superior a las
de las propias cajas. Pero permitía a las entidades fusionadas mantener sus
propios consejos de administración y sus marcas comerciales; y planteaba, entre
otros, complejos problemas contables para el Grupo. Por tanto, Bankia fue el resultado de la fusión del negocio
bancario de siete cajas (Caja Madrid y Bancaja con las cinco mencionadas) que decidieron
crear en 2010 el BFA, cuya composición del capital otorgaba a Caja Madrid la
condición de entidad líder con el 52,06% del capital del conjunto, seguida de
Bancaja con el 37,70% y del resto de cajas. Es importante señalar que en el momento de la
creación del SIP, las cajas de ahorro seguían siendo entidades públicas, con
órganos de gobierno propios, elegidos en asambleas con la participación de los
parlamentos regionales, las asambleas de impositores, los sindicatos más representativos,
las entidades sociales y los municipios en los que las cajas tenían negocio.
Esto es, las cajas de ahorro, que llegaron a representar el 51% del sistema
financiero español, estaban bajo el control público, con objetivos estatutarios
vinculados al desarrollo económico y social de los territorios de referencia.
Por lo tanto los accionistas del BFA eran aquellas entidades públicas sujetas
al control público de los parlamentos y asambleas regionales, como partes
integrantes del Estado español, como subrayan los tres expertos citados. En el
proceso de estructuración, el BFA -insistimos, propiedad al 100% de las cajas de
ahorro públicas - creó una filial, Bankia, en la que concentró su negocio
bancario rentable, con la intención de que para recomponer su capital saliera a
Bolsa cuanto antes. La ingeniería financiera asignó los llamados activos
“tóxicos” (léase préstamos impagables, viviendas y solares sin mercado
previsible) al “banco malo”, al BFA; y los activos considerados buenos se
asignaron a la filial única, Bankia, una compleja operación de manipulación
contable en la valoración de los activos, en unos años en los que la
congelación del mercado inmobiliario hacía casi
imposible asignar valoraciones correctas acordes con ese mercado; pero
se esperaba que las ganancias futuras de Bankia cubrieran la insolvencia de
origen de la banca matriz, que alcanzaría luego un capital cero. El caso es que
todas esas operaciones se realizaron con el beneplácito del Banco de España, el
regulador bancario.
El Banco Financiero y de Ahorros (BFA) comenzó a operar el
1 de enero de 2011, agrupando activos por valor de 340.000 millones de euros,
con la mayoría accionarial de Caja Madrid con el 52 % del capital, seguido de
Bancaja con el 37 % y porcentajes testimoniales para las restantes cajas. Poco
después, una licencia bancaria en desuso
permitió crear Bankia, a la que BFA traspasó buena parte de sus activos
y pasivos, reteniendo los de peor calidad. Esta estructura suponía que el BFA
era propiedad de las Cajas y Bankia era propiedad del BFA. En teoría, el BFA
(que era un banco) sería el banco malo y Bankia, que iba a salir a Bolsa, sería
el banco bueno, apareciendo ante el mercado como una entidad saneada. Es obvio
que se trataba de una estructura jurídica artificial, ya que el conjunto de
ambas entidades era consolidable económicamente como una sola entidad, como se
comprobó tras su mal llamada “nacionalización”. Entre sus activos, el BFA
acumuló 100 millones de metros cuadrados; 45.000 viviendas sin vender y 15.000
locales, garajes, etc. Un patrimonio inmobiliario descomunal, mayor que el de
cualquier inmobiliaria española, hasta la creación de la SAREB, la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Sorprende que,
aunque el diagnóstico no fuera inicialmente el definitivo, el supervisor ya
disponía de la muy preocupante información de una inspección de diciembre de
2010, que le advertía que la integración de Caja Madrid y Bancaja sería un
grave error. A la vista de las declaraciones que se han ido produciendo en los
procesos judiciales posteriores, parece increíble que se impulsara una
integración entre esas dos entidades de esa importancia sin profundizar
aparentemente en el conocimiento de su situación real; sin haberse practicado
los ejercicios de debida diligencia
con la profundidad suficiente, señalan los tres expertos citados; que apuntan
como otro error añadido la rapidez del proceso al excluir profundizar en los
análisis previos. Porque la grave situación de ambas entidades tenía que ser
conocida tanto por el Banco de España como por su auditor. Desde luego, la
integración no solo se permitió sobre bases inseguras sino que es sabido que
fue impulsada por el Gobierno de entonces. Y tampoco se comprende que el
candidato a presidente, ex ministro de economía, aceptara el nombramiento sin
conocer la situación o que lo aceptara conociéndola. Es posible que diera más
importancia al peso del factor político, a su sintonía personal entonces con
sus antiguos compañeros de gobierno y del partido en el poder, confiando en una
ayuda extraordinaria de los poderes públicos que no llegó a tiempo de asegurar
su supervivencia profesional. El fondo estatal de rescate bancario, el FROB, ya
disponía de 90.000 millones de euros para afrontar los problemas de
reestructuración y saneamiento, pero todo indica que el Gobierno del Partido
popular no confiaba en Rodrigo Rato ni en su plan para sacar adelante a Bankia.
“El error básico fue el predominio de lo
político sobre lo profesional”, sostienen los tres expertos citados ([xiii])
porque la realidad es que se desconocía el alcance de la necesidad de capital.
La cuantificación de las
pérdidas de Caja Madrid-Bankia
Fue un largo proceso conseguir precisar la cuantía de las
pérdidas concentradas en Bankia y la necesidad de capital para que fuera viable
como banco; un proceso condicionado por el entorno de crisis económica, los
factores políticos, la nueva legislación
bancaria y la ausencia de transparencia en la gestión descubierta
posteriormente; que además incluyó el fracaso de la salida a Bolsa. Algunos
economistas sostienen que entre el verano de 2010 y mayo de 2012, España entró
en una segunda recesión no prevista por nadie puesto que se pensaba en una
recuperación en 2011. Y en ese contexto se dictaron tres reales decretos leyes
de reforma bancaria (2/2011; 2/2012 y 18/2012) que incrementaron las exigencias
de capital y dotaciones y tuvieron un efecto directo sobre Bankia; algo que
influyó mucho en las decisiones que fue tomando la entidad. Hay quienes
consideran que la salida a Bolsa en julio de 2011 no se entiende sin el RD Ley
2/2011, ya que Bankia sale a Bolsa para eludir el requerimiento del 10 % de
capital básico que era incalculable en aquel momento. Para otros, es obvio que
los decretos leyes no crearon las pérdidas sino que simplemente hicieron
aflorar las ya existentes y exigieron su cobertura. Recordemos que en el verano
de 2012 se constata que el grupo BFA-Bankia tenía una necesidad de capital en
torno a 24.000 millones de euros para cubrir pérdidas, y el grueso de esas
pérdidas venía de antes sin que las crearan las nuevas provisiones ni la
segunda recesión. Sin embargo, por encima de todo hubo un propósito claro de
opacidad, de no dejar ver la situación de insolvencia de buena parte del
sistema de cajas. Incluso puede afirmarse que el supervisor veía mal que una
entidad declarase pérdidas corrientes, afirma André Missé. ([xiv])
Desde hacía unos años Caja Madrid se encontraba en una
situación delicada, con serias necesidades de capital para afrontar el
creciente volumen de impagados, situación que se agravó al sumarse la frágil
situación de las otras cajas. A finales de 2010 se aceleró la operación de
fortalecer el grupo financiero BFA-Bankia para sacarlo a Bolsa, una vez
comprobado que la emisión de 3.000 millones de euros captados en participaciones
preferentes el año anterior, no había sido suficiente para sanear debidamente
Caja Madrid, que continuaba teniendo un serio problema de falta de capital o
insolvencia. El deterioro de las inversiones y el impago de un creciente número
de créditos llevaron a la entidad a una situación de pérdidas. El informe de
los inspectores del Banco de España de diciembre de 2010 indicaba que “se identificaron pérdidas esperadas en un
escenario temporal de dos años por importe de 4.983 millones de euros”. Sin
embargo, en el informe final las autoridades del Banco de España permitieron
rebajar en 2.000 millones las pérdidas estimadas, que finalmente quedaron
reducidas a poco más de 3.000 millones, según informaciones de la agencia
Bloomberg en El economista ([xv]).
Todo hace pensar que el Banco de España rehuyó oponerse a una operación como la
creación de Bankia y su salida a Bolsa, alentada por el Gobierno y las
comunidades autónomas afectadas. Dicho de otro modo, el supervisor admitió
ocultar las pérdidas. Ese trato de favor del Banco de España a Caja Madrid lo
puso de relieve su ex presidente Jaime Terceiro en su discurso en la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas en mayo de 2011. Lo cierto es que, a
pesar de la incertidumbre del entorno, en julio de 2011 Bankia salió a Bolsa
cuando todavía no había clarificado sus cuentas. La decisión del Banco de
España de permitir que Caja Madrid declarara beneficios en lugar de unas
pérdidas abultadas, encubrió tanto los problemas de la entidad de ahorro como
la situación de riesgo real en que nacía Bankia o la que se encontraban las
participaciones preferentes. Probablemente el supervisor se fiaba en una
recuperación de la economía en 2011 como otros analistas, pero sucedió lo contrario. La segunda
recesión en que cayó la economía
española en 2011 y 2012 resultó tan fatal para la entidad como para muchos
bancos y cajas. El Banco de España actuó sobre todo como suelen hacer los
bancos centrales: privilegiando los intereses de la entidad financiera a costa
de descuidar completamente los de los preferentistas y los futuros accionistas. El supervisor privó a los inversores
de una información veraz que hubiera resultado muy valiosa para tomar
decisiones oportunas y no arriesgar sus ahorros. En 2012 los problemas de la
certeza de las pérdidas contables de Bankia se acentúan con la primera reforma
del sistema financiero que aprueba el Gobierno de Mariano Rajoy por Decreto ley
del 2 de febrero. ([xvi])
El
interrogante: ¿a cuánto ascienden las pérdidas?
El
Ministerio de Economía exigía 54.000 millones al sector para que saneara sus
inversiones inmobiliarias y recuperara la confianza perdida de los mercados
internacionales, provocando rumores de que dicho Decreto ley ponía en graves
dificultades a Bankia. De ahí que se sucedan las valoraciones por terceros para
lograr recuperar la credibilidad exterior de las informaciones contables y del
sistema bancario español. A principios de marzo de 2012 Bankia encarga a la auditora
Deloitte & Touche un plan para hacer frente a la nueva exigencia de fuertes
provisiones, multiplicándose las reuniones con el auditor para intentar
encontrar una solución a la falta de capital, creándose incluso un grupo de
trabajo con el banco de inversiones Lazard, Clifford Chance, Deloitte y Bankia
con ese objetivo. En paralelo, el consejo de Bankia encarga al banco de
inversiones Lazard que estudie la fusión con Unicaja, Liberbank o Banca Cívica,
para poder así reclamar más capital público y tapar el agujero ya evidente en
la entidad. El informe obtenido por Bankia se traslada al Banco de España, de
quien recibe el visto bueno al mes siguiente, sujeto a condiciones como la
venta de activos y el relevo del consejero delegado. En paralelo el Ministerio
de economía comunica a Rato que no cree en la validez del plan y le pide que
elabore otro plan más ambicioso. Y con tal cometido Bankia contrata a la
consultora McKinsey. La negativa del auditor a analizar las cuentas hasta que
se solventasen los problemas de la validez de los créditos fiscales ([xvii])
como capital y la valoración de Bankia,
eleva la tensión en el grupo tras algunas reuniones con la comisión de
auditoría interna.
Bankia,
¿obtiene beneficios o sigue perdiendo?
El 28 de marzo de 2012, el consejo de BFA, el banco malo
del grupo financiero, aprueba y firma las cuentas con 309 millones de
beneficios, en claro contraste con la grave situación de la entidad, que habría
de aflorar aparatosamente tras la nacionalización. Deloitte les comunica que,
de mantenerse esa situación, tendría que advertir por escrito que el grupo no
es viable, tal y como les había advertido en marzo. El 23 de abril, Rato
informa al consejo de BFA que el Banco de España había aprobado el plan de
recapitalización y al día siguiente presenta su dimisión el presidente de la
comisión de auditoría, Ángel Acebes. Pero en abril, tras la visita a Madrid de
dos misiones consecutivas al más alto nivel técnico, el FMI publica su informe
adelantado sobre España mencionando que existe una entidad, “la de mayor
tamaño”, en alusión a Bankia, a la que hay que aplicar medidas rápidas y
decisivas. Lo que provoca que la tensión alrededor de Bankia se dispare hasta
niveles desconocidos hasta ese momento entre los inversores internacionales. ([xviii])
El caso es que finalizó abril de 2012 sin que se produjera
el informe de auditoría sobre Bankia como exigía la ley; que no se había
realizado porque nunca se le presentaron las cuentas firmadas, según Deloitte.
Por lo que la CNMV, el supervisor bursátil, rechazó la publicación en su página
web de las cuentas remitidas por Bankia por carecer del informe del auditor,
aunque días más tarde fueron publicadas como un “hecho relevante”. Y en esa fecha del 31 de abril, Rato mantuvo una
reunión con el Banco de España donde presentó un nuevo plan que incluía mayores
desinversiones y señalaba la necesidad de 7.000 millones de ayudas públicas. En
un entorno de crisis económica, se agudizaba la incertidumbre sobre el alcance
real de las pérdidas de Bankia como banco cotizado en Bolsa, lo que se
presentaba como una amenaza para la estabilidad financiera del país y la imagen
del Gobierno. Ese fin de semana, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato se
entrevista con el ministro Guindos a quien acompañan los presidentes del BBVA,
Francisco González; del Grupo Santander, Emilio Botín; y el presidente de La
Caixa Catalana, Isidro Fainé. Esta reunión revelaba la dimensión sistémica de
los riesgos de Bankia, el cuarto banco del país cuya situación podría
repercutir en las cuentas de los tres mayores bancos españoles. Tras los dos
encuentros, Rodrigo Rato entiende que no cuenta con la confianza del Gobierno
para enderezar la situación y presenta su dimisión el 7 de mayo de 2012
directamente ante el presidente del Gobierno. En su carta de renuncia propone
al consejo como sustituto en la presidencia a
José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado del BBVA, que inicia
un plan de clarificación de la situación financiera de Bankia, cuando era ya un banco cotizado.
(continúa)
[ii] El País, 28/5/2012
[iii] Santiago Carbó-Valverde, David Marqués-Ibáñez y Francisco Rodríguez
Fernández, Securitization, bank lending
and credit quality.The case of Spain. ECB working paper series. Nº
1329 / April 2011
[iv]
La denominada titulización (securitisation
en inglés), un negocio o “técnica” bancaria
consistente en la conversión de créditos del banco (las deudas de sus
clientes) en títulos bursátiles, admitiéndose que diferentes activos
financieros (por ejemplo, hipotecas, cobros pendientes de tarjetas crédito,
préstamos concedidos, etc.) se transformen en valores vendibles para la recaudación de fondos. Véase Juan Hdez. Vigueras, El casino que nos gobierna…,opus cit.;
pp.80-83
[v]
Europe G.Policy Brief número 5, abril de 2014
[vi]
Andreu Missé, La gran estafa de las
preferentes. Abusos e impunidad de la banca durante la crisis financiera en
España. Alternativas económicas, Barcelona, julio 2016, pp.77; 33-34. Una
excelente y completa indagación del daño económico y moral ocasionado por
Bankia entre los pequeños ahorradores españoles.
[vii]
Joan Ramon Sanchis Palacio, Catedrático de
Economía de la Empresa Universitat de València, La verdad sobre Bankia: el mayor
engaño de la historia de la banca en España. Nueva Revolución 14/09/2016
en http://nuevarevolucion.es/bankia-mayor-engano-historia/
[viii]
Eduardo Segovia, Bankia,
la gran estafa. El confidencial.com,6/12/2014 en http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-06/bankia-la-gran-estafa_579659/
[ix] Anat Admati & Martin Hellwig, The Bankers´ …,opus cit. p.41
[x]
Véase Aristóbulo de Juan, Francisco Uría, Iñigo De Barrón, Anatomía de una crisis. Deusto, 2013, pp.253 y siguientes Véase Aristóbulo
de Juan, Francisco Uría, Iñigo De Barrón, Anatomía
de una crisis. Deusto, 2013, pp.253 y siguientes
[xi]
El Sistema Institucional de Protección (en siglas SIP) fue ideado legalmente
como mecanismo de consolidación para Cajas de Ahorro con problemas se solvencia
[xii]
Aristóbulo De Juan et alii, Anatomía de
una crisis…, opus cit., p.255
[xiii]
Ibidem, p.255
[xiv]
Andreu Missé, La gran estafa…, opus
cit., pp. 255-266
[xv]
El Economista (agencia Bloomberg) 28/2/2014
[xvi]
Andreu Missé, La gran estafa…, opus
cit., pp. 143-144
[xvii]
Créditos fiscales son apuntes contables
que bancos y empresas hacen al sufrir pérdidas deducibles o gastos no
deducibles, y que les
permite compensar esos «números rojos» en el futuro, cuando generen beneficios,
pagando menos por el impuesto de Sociedades. Las entidades tienen
gastos que reducen sus ganancias pero que no pueden desgravar en ese tributo,
de forma que pagan más impuestos. Hacienda les reconoce el derecho a anotarlos
y usarlos en el futuro para reducir los impuestos que pagan por los beneficios
de los próximos años
[xviii]
Aristóbulo De Juan et alii, Anatomía de
una crisis…, opus cit., pp.260-261
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