(continuación del Capítulo IV.4 del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera )
La estafa de las
participaciones preferentes
La venta de participaciones preferentes y obligaciones
subordinadas en 2009 y años anteriores, que alcanzó a casi 300.000 ahorradores,
fue cronológicamente el primer engaño de Caja Madrid-Bankia para los
ahorradores; y para muchos el tercer engaño vendría con la ruinosa conversión
de participaciones preferentes y subordinadas.
Ante la congelación de los mercados financieros derivada de la crisis
global, los bancos y las cajas de ahorro españolas descubrieron las grandes
ventajas de las participaciones preferentes como fuente de capital, que resulta
mucho más barata que las acciones. Bancos y cajas españolas colocaron estos
productos a través de su red comercial a una clientela desinformada acerca de
estos productos tan sofisticados. Y aunque les pagaban una rentabilidad algo
superior a la de los depósitos a plazo en ocasiones, el interés era muy
inferior al que les correspondería realmente si se hubieran tenido en cuenta
los riesgos que implicaban las preferentes. Desde un principio, las
participaciones preferentes fueron comercializadas de manera tramposa. La
propia denominación ocultaba un doble engaño; la expresión es una mala
traducción del término anglófono preference
share, cuya traducción correcta hubiera sido “acciones preferentes”. Si se
hubieran vendido como acciones, los compradores habrían entendido que era un
producto de riesgo, al estar asociado a Bolsa. En cambio, las preferentes que
en la jerga del sector se calificaban de productos complejos, reunían
características de capital y de deuda a la vez; por lo que también se les llama
productos híbridos. Por una parte, las preferentes se asemejan a las acciones
como parte del capital social con sus ventajas de mayor rentabilidad, pero
también sus mayores riesgos pues si la entidad va mal pueden perder todo su valor. Por otra parte, también
ofrecen rasgos de deuda al tener, por ejemplo, un período de rendimiento fijo
como los depósitos a plazo y, en el caso de los bancos, no son las primeras en
asumir las pérdidas. Una de las ventajas para los bancos es que el capital
captado a través de las participaciones preferentes no tiene derechos políticos
(derecho de voto), con los cual no afecta al poder de los accionistas sobre la
entidad. En el caso de las cajas de ahorro, las preferentes permitían
capitalizarse de una manera más rápida, pues hasta entonces solo podían hacerlo
básicamente destinando a este fin una parte de los beneficios obtenidos cada
año. ([i])
Comercialización engañosa para pequeños ahorradores
La operación de las participaciones preferentes por Caja
Madrid en mayo de 2009 fue la más impactante por su volumen y agresividad de
todas las operaciones comerciales similares realizadas ese año, con una
recaudación de 3.000 millones de euros. En realidad, fue la emisión de
productos híbridos más cuantiosa realizada jamás por una entidad financiera
española, sin contar la de Valores Santander por valor de 7000 millones de
euros en 2007. La decisión de la caja madrileña presidida por Miguel Blesa, de
recabar una cuantía tan elevada de dinero obedecía a que la Caja se encontraba
en una situación muy delicada con serias necesidades de capital para afrontar el
creciente número de impagados a medida que la crisis financiera se dejaba
sentir con más fuerza en España. La colocación de preferentes de la histórica
caja madrileña se efectuó a través de una incisiva campaña comercial que
implicó activamente a toda su extensa red de sucursales. La entidad se hizo con
una parte importante de los ahorros de casi 300.000 clientes ([ii]), que siguieron ciegamente las recomendaciones
de los empleados de la entidad, en quienes habían confiado en algunos casos
desde varias generaciones atrás. Dentro de una agresiva campaña de marketing y
publicidad, Caja Madrid elaboró un completo argumentario comercial de carácter
confidencial para uso exclusivo de sus empleados con la advertencia expresa y
repetida en todas las páginas del documento de que “esta información no debe estar en nuestras oficinas a la vista de los
clientes”; según rezaba el argumentario comercial de 2008. El temor a que
el documento cayera en manos del público tenía su fundamento. Sus autores
querían evitar a toda costa que los clientes conocieran determinadas
características de las preferentes porque, de conocerlas, muy probablemente no
habrían realizado la inversión; por ejemplo, saber que su dinero se quedada en
el banco a perpetuidad. En este sentido, en el argumentario comercial se
afirmaba que las preferentes son “títulos
subordinados sin vencimiento definido y su rentabilidad está condicionada a la
obtención de beneficios por parte del emisor”. Y el mismo documento
destacaba que el producto tiene la garantía 100% de Caja Madrid, que había sido
la única entidad financiera de las cuatro grandes españolas que en el primer
trimestre de 2009 había aumentado sus beneficios respecto al año anterior.
Desde luego se omitía la advertencia de que el principal riesgo de las participaciones
preferentes no era el impago de los intereses prometidos sino que la inversión
se podía perder completa o parcialmente por su condición de participación en
capital social, como sucedió en muchos casos. ([iii])
Desde finales de 2008, la CNMV como regulador bursátil
había intensificado sus actuaciones al comprobar que un creciente volumen de
preferentes “estaban dirigidas a
inversores minoristas”. Pero debido a falta de contundencia, sus
advertencias no resultaron lo suficientemente convincentes para que las
entidades financieras abandonaran estas prácticas. La apertura de 13
expedientes de limitada capacidad sancionadora tampoco inquietaba a los bancos.
La sanción más elevada en materia de preferentes fue impuesta al Banco
Santander por la cuantía de 16,8 millones de euros, que la Audiencia rebajó a
6.9 millones, por la emisión de un producto financiero denominado Valores
Santander, similar a las preferentes; sanción no comparable en absoluto con el
volumen de la operación que captó 7.000 millones de euros. Los esfuerzos de la
CNMV para regular el mercado de las preferentes tropezaron con dos serias
limitaciones que menoscabaron mucho su labor. Por un lado, su escasa capacidad
sancionadora implicaba que sus reiteradas advertencias y recomendaciones caían
en la mayoría de los casos en saco roto y las entidades continuaban
impertérritas con sus malas prácticas. Por otra parte, la lentitud de
resolución de los expedientes y la falta de publicidad de las sanciones hasta
que fueran firmes, suponían también en la práctica una cierta impunidad para
bancos y cajas. Mientras aumentaba la tensión entre la CNMV y los bancos
emisores de preferentes que eran objeto de investigación, un creciente número
de afectados fueron descubriendo poco a poco que se habían quedado con su
dinero atrapado. Inicialmente la reacción fue muy lenta, unos porque en su gran
mayoría eran personas mayores que ocultaron a sus propias familias la posible
pérdida de sus ahorros; otros pensaban que habían sido víctimas de su
ignorancia en materia financiera y en una actitud vergonzante intentaban
ocultar la situación de sus ahorros. Pero otros afectados, empero, optaron por
denunciar los hechos a través de asociaciones de consumidores y plataformas
ciudadanas que movilizaron a decenas de miles de preferentistas creando una
conciencia pública del problema ( [iv] )
Un mercado secundario ficticio
Para mayor escándalo, la banca desarrolló un mercado
ficticio para las preferentes con el fin de ofrecer una apariencia de liquidez
inmediata, haciendo creer a los clientes que el nuevo producto era como un depósito a plazo fijo y que el dinero se
podía recuperar en un breve plazo de días. A través de este mercado interno, la
banca garantizaba a sus clientes la devolución de su inversión en preferentes o
subordinadas en unos pocos días, durante el cual buscaba a otro cliente para
colocarle el mismo producto. Este mercado fingido funcionó sin problemas
mientras la economía crecía y logró burlar las advertencias de la CNMV durante
varios años. De hecho estuvo plenamente operativo hasta junio de 2010 y no se
liquidó definitivamente hasta noviembre de 2011 por exigencias del regulador
bursátil. Aunque este mercado secundario donde cotizaban las preferentes era el
AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros), un mercado donde se
negociaban básicamente pagarés de empresa, cédulas hipotecarias, obligaciones y
bonos (creado en 1991 y supervisado por la CNMV), en la práctica lo único que
verdaderamente existía era un mercado interno dentro de cada banco. Cuando un
ahorrador quería vender su participación, lo comunicaba a la caja o al banco y
este buscaba un nuevo inversor. Las operaciones se realizaban en los bancos, al
100 % o muy próximas al valor nominal, y luego ya cerradas se comunicaban al
AIAF.
Merece destacarse que el lenguaje extremadamente
benevolente empleado en los informes de la CNMV escondía la gravedad de los
hechos. Cuando indica que las tres entidades (Caja Madrid, Bancaja y Bankia) “intermediaron operaciones por cuenta de sus
clientes sobre las distintas emisiones de preferentes y subordinadas dirigidas
a inversores minoristas, a precios significativamente alejados de su valor
razonable”, lo que realmente quería decir es que les vendían estos
productos a precios que hasta duplicaban el valor de los mismos. De ahí que el
abogado Andrés Herzog ([v]) lo
expresara más crudamente afirmando que “Bankia
como otras entidades manipulaban este mercado, dando al producto una apariencia
de rentabilidad, solvencia y liquidez de la que carecía, a fin de evitar que se
descubriera que todo era una gran estafa y que se multiplicaran las
reclamaciones y acciones judiciales de los perjudicados”. Y en el escrito
al juez, Herzog subrayaba que “las
entidades financieras aprovecharon la falta de transparencia del mercado AIAF
para “crear un mercado interno ficticio en el que literalmente se inventaron
los precios de cotización a fin de mantener la ilusión de que el producto tenía
la liquidez e incluso una buena cotización, fingiendo ante los inversores la
existencia de un mercado secundario real” ([vi])
El descubrimiento del fraude
Los empleados de Bankia y de las cajas fueron los primeros
en recibir el creciente número de reclamaciones de los clientes por las
irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes.
Reclamaciones que se incrementaron de 2010 a 2011, debido a las numerosas
quejas de los inversores minoristas por las condiciones de liquidez, las
pérdidas latentes o el modo en que se había llevado a cabo la comercialización
de las participaciones preferentes., según la Memoria de la CNMV de 2011 relativa a reclamaciones y consultas. Aunque
era prácticamente nulo el impacto de estas quejas, porque las resoluciones de
la CNMV sobre quejas de reclamantes lamentablemente no son de obligado cumplimiento.
Un ejemplo del poder del lobby bancario sobre los órganos del Estado español.
Pero este conflicto tenemos que situarlo en el contexto de la evolución de la
crisis financiera y económica con el aumento del paro, la recesión económica,
el agravamiento de la crisis del euro, el rescate de Portugal forzado por la
UE, etc.
Las tensiones en el mercado de las participaciones
preferentes se hicieron cada vez más
evidentes a medida que se agravaba la situación financiera y crecía la
presión de la CNMV sobre los bancos y cajas de ahorro para que pusieran fin a
la manipulación del mercado secundario en donde se comercializaban estos
títulos. En este clima de deterioro de bancos y cajas, una nueva ley promovida
por el Gobierno en sintonía con los cambios en la regulación internacional,
endurecía los requisitos para que las preferentes pudieran computarse como
recursos propios. La ley 6/2011 para la transposición de la directiva europea
2009/111, introdujo la facultad del consejo de administración de las entidades
financieras para cancelar el pago de la remuneración de la preferentes si la
entidad no cumplía con los requerimientos de recursos propios exigibles. Con
anterioridad a esta ley solamente se podía dejar de pagar los intereses de las
preferentes si los bancos no tenían beneficios. Con la nueva norma bastaba un
acuerdo del consejo de administración del banco para que dejara de abonarlos.
En esa misma línea, la nueva ley autorizaba al Banco de España para poder
exigir la cancelación del pago de los intereses de las preferentes basándose en
la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito. Por otra
parte, los bancos se resistían a operar en el mercado ficticio de las
preferentes que habían creado y se revelaba en el caso de la CNMV que se tenía
que enfrentar a todo tipo de reticencias y medidas dilatorias de aquellos. En el caso de Bankia, era
clamoroso el retraso en el cumplimiento de los requerimientos de la CNMV. Y
durante el mes de noviembre de 2011 prácticamente todas las entidades financieras
se vieron obligadas a cerrar sus respectivos mercados secundarios internos por
exigencias de la CNMV, lo que significó para los titulares de preferentes que
vieran sus ahorros en estos títulos bloqueados definitivamente. ([vii])
La conversión de preferentes en acciones
La ruinosa conversión de preferentes en acciones de Bankia
iniciada en 2012 sería el tercer engaño para muchos clientes de la antigua Caja
Madrid en menos de tres años, como destaca André Missé en su libro referido,
cuando se les proponía el canje de preferentes y subordinadas por acciones, que
se materializó en marzo de ese año. La oferta era sugestiva si se tiene en
cuenta que las preferentes habían quedado bloqueadas desde noviembre de 2011 y
que esta conversión en acciones era una forma de recuperar el dinero mediante
su venta en la Bolsa. Sin embargo, la verdadera motivación del Banco era
intentar cumplir con las nuevas exigencias publicadas por la Autoridad Bancaria
Europea (EBA, en siglas en inglés) en el último mes de 2011, que había adoptado
el acuerdo que las participaciones preferentes no computaran como capital
básico. Por tanto, a Bankia no le valían
las preferentes para completar su ratio de capital; dicho de otro modo,
necesitaba más aportaciones de capital de sus accionistas o lograr nuevos
suscriptores de capital. Según la EBA, las necesidades de capital del BFA
ascendían a 1.400 millones de euros. Para cubrir esas nuevas necesidades, el
aún presidente del grupo, Rodrigo Rato, optó nuevamente por los ahorros de los
fieles clientes de Caja Madrid y demás cajas integradas en el BFA, que ahora
formaban Bankia. Porque la realidad es que Bankia carecía de capacidad para
captar inversores a precios razonables a medida que se fue conociendo que la
entidad sufría grandes pérdidas. De hecho, en 2013 los accionistas habían
perdido más del 95 por ciento de la inversión realizada menos de dos años
antes. Y un aspecto inquietante es que el Banco de España que había autorizado
la recompra de participaciones preferentes tenía un perfecto conocimiento de la
“deficiente comercialización de las
preferentes y subordinadas”, según el informe de marzo de 2012. ([viii]).
La suspensión del abono de intereses y la quita
A principios de junio de 2012 los tenedores de preferentes
y subordinadas de las Cajas integradas
en Bankia tuvieron una de las peores noticias. El grupo BFA-Bankia comunicó a
la CNMV que, tras la publicación de los resultados con unas pérdidas próximas a
los 3.000 millones de euros, se suspendían los abonos de intereses
correspondientes a las emisiones de deuda subordinada y de participaciones
preferentes. Y los esfuerzos de los nuevos gestores y del Gobierno se
concentraron en recabar ayudas para asegurar la devolución de los préstamos a
los grandes acreedores internacionales, principalmente bancos de Francia y
Alemania, a los que nunca se dejó de pagar los intereses ni la totalidad del
capital. El Banco de España había descubierto en marzo de 2012 que el Grupo
Bankia tenía que afrontar un elevado volumen de vencimientos mayoristas que ascendían
a 17.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.
Los preferentistas sufrieron una significativa rebaja en
el valor de sus inversiones con el rescate europeo. En la UE no había ninguna
directiva comunitaria ni siquiera una comunicación de la Comisión que
estableciera de modo expreso que en caso de crisis bancarias se debían de
aplicar quitas a los tenedores de productos híbridos; esta obligación
especifica se introdujo un año después en la séptima comunicación sobre ayudas
de Estado publicada en julio de 2013 y entró
en vigor en agosto de 2014. Fue una concesión del Gobierno español en
las negociaciones del Eurogrupo. La aplicación de las quitas en el caso español
no se amparó en ninguna disposición europea vigente que lo autorizase expresamente
sino que fue el resultado de las negociaciones entre las autoridades españolas
y las comunitarias en el Eurogrupo, donde el ministro alemán Wolfgang Schaüble
llevaba la voz cantante, acordando aplicarlas como condición para la concesión
de la ayuda financiera, como se recogió en el Memorándum de Entendimiento (MOU
en siglas en inglés). El Real Decreto Ley 24/2012 estableció que las
participaciones preferentes y obligaciones subordinadas deberían soportar parte
de las pérdidas de los bancos que las habían emitido. A finales de noviembre de 2012,
representantes del Gobierno, la Comisión Europea y las entidades financieras
implicadas pactaron el descuento que aplicarían a los tenedores de estos
productos híbridos. Para Bankia; NCG Banco y Catalunya Bank el “valor recuperable oscilará ente un mínimo
del 30 por ciento y un máximo del 70 por ciento para los tenedores de
participaciones preferentes y deuda subordinada, dependiendo de las condiciones específicas de cada instrumento”,
según anunció el Banco de España. ([ix])
El arbitraje, la solución al bloque de las preferentes
Como relata André Missé, entre los tenedores de
preferentes y subordinadas se disparó el malestar y las inquietudes a partir
del 28 de noviembre de 2012, en que Bruselas aprobó los planes de
reestructuración para Bankia y los otros bancos “nacionalizados” (Catalunya
Banc, NCG Bank y Banco de Valencia). La decisión europea significaba crudamente
que los tenedores de estos títulos iban a sufrir fuertes pérdidas, generando
una indignación más intensa entre los ahorradores de Bankia que eran el grupo
más numeroso con casi 300,000 afectados. El anuncio del arbitraje de Bankia fue
realizado personalmente por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la
Comisión de Economía del Congreso de los diputados en diciembre de 2012,
presentándolo como la gran solución para terminar con el conflicto considerando
que era un procedimiento más rápido que la vía judicial, explicando que los
inversores sufrirían una quita en los ahorros invertidos. El balance final del
arbitraje en Bankia puso al descubierto que un total de 58.443 ahorradores
fueron rechazados por la consultora KPMG, que intervenía previamente en calidad
de asesor privado requerido por la normativa establecida, según el informe
trimestral de la Comisión de Seguimiento. El mismo informe indicaba que Bankia
contaba con 294.905 tenedores de preferentes y subordinadas; de los cuales
176.723 fueron admitidos por la consultora para el arbitraje. Finalmente, la
Junta Arbitral de Consumo dictó un laudo favorable al 97 por ciento de los
seleccionados por KPMG. Respecto al capital, de los 6.231 millones de euros de
dinero captado, el importe reclamado por el arbitraje ascendió a 4.043
millones, del cual Bankia abonó un 35 por ciento, es decir, 2.166 millones. ([x])
Reclamaciones civiles y querellas criminales
Desde mediados de 2013, muchos juzgados recibieron una
súbita avalancha de demandas civiles presentadas por los tenedores de
participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. A estas acciones se
sumaron las querellas criminales, en especial por la salida a Bolsa de Bankia.
A finales de 2015, había acumuladas más de 110.000 reclamaciones judiciales por
asuntos relacionados con abusos financieros de Bankia, Catalunya Caixa y NCG
Banco, los tres grupos “nacionalizados”; a las que habría que añadir las
demandas presentadas por preferentes y subordinadas contra otros Santander,
Bankinter, Sabadell y otras entidades financieras. Todas ellas sumadas a las
demandas por ejecuciones hipotecarias y
otras causas generaban un bloqueo de la mayoría de los juzgados y tribunales.
Este panorama judicial se clarificó en gran medida tras las dos sentencias del Tribunal Supremo de
enero de 2016 que obligaron a Bankia a devolver el dinero de los inversores
atrapados en la salida a Bolsa de esta entidad. Y estas decisiones del Tribunal
Supremo propiciaron la renuncia de más de 76.000 reclamaciones judiciales que
se había presentado por esta operación.
Además de las decenas de miles de procedimientos civiles
entablados por los preferentistas, desde mediados de 2012 se comenzaron a
presentar también querellas criminales contra los directivos y entidades
emisoras de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. En
ocasiones las acciones judiciales también se dirigieron contra los
supervisores. Las querellas que han tenido más trascendencia fueron las formuladas contra Bankia en junio de 2012, a
partir de las sospechas sobre irregularidades en las cuentas levantadas por la
polémica con el auditor Deloitte y la
presentación de las cuentas ante la CNMV sin la firma del auditor. Sin embargo, a diferencia de los éxitos
cosechados en los juzgados civiles con una amplia mayoría de sentencias
favorables a los afectados, incluyendo varios fallos del Tribunal Supremo, las
acciones penales contra los responsables de los abusos bancarios han tenido un
recorrido más tortuoso, plagado de dificultades y demoras y sin resultados
hasta la fecha para el caso de las preferentes. De todas formas, las
investigaciones efectuadas a raíz de las querellas entabladas han sido muy
importantes porque permitieron obtener documentos decisivos del Banco de
España, de la CNMV y de los propios bancos implicados, como en el caso de Bankia,
que fueron utilizados como pruebas decisivas tanto para los procedimientos
civiles como los penales. Sin duda, los principales procedimientos penales son
los relacionados con la salida a Bolsa de Bankia y la comercialización de las
participaciones preferentes emitidas por las cajas de ahorro integradas en ese
banco. ([xi]). A
medida que se fueron descubriendo más irregularidades, la investigación se
organizó en una pieza principal, conocida como el caso Bankia, referido a la salía a Bolsa de la entidad y varias
piezas separadas. Entre estas figuran las dedicadas a participaciones
preferentes de Caja Madrid y Bancaja, los correos de Blesa, las tarjetas negras
y las responsabilidades civiles de los ex presidentes Miguel Blesa y de Rodrigo
Rato, entre otras. ([xii])
[i]
André Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit.; pp. 33,34-50
[ii]
294.905 afectados de Bankia de un total de 813.073 en todas las entidades
implicadas, André Missé, ibídem, p.173
[iii]
Andrés Missé, La gran estafa de las
preferentes…, opus cit., pp. 109,115 y118
[iv]
Ibidem, pp. 130-131; y 171 y siguientes
[v]
Redactor de la querella contra Bankia en nombre del partido UYP presentada el
15 de abril de 2013
[vi]
André Missé, ibídem, p.127 y 137
[viii]
Andrés Missé, ibídem, pp. 198; y 200-201
[ix]
André Missé, ibídem, pp.225-227 y.235
[x]
André Missé, ibídem, pp.319 y 339-340
[xi]
Estos casos están siendo investigados por el magistrado Fernando Andreu,
titular del Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional
[xii]
André Missé, ibídem, pp. 271-275;y 397.
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