En plena pandemia del corvid-19 y de los más de 40 millones de desempleados bajo un Presidente más preocupado por su reelección en noviembre que por los problemas del país, el 25 de mayo de 2020 tenía lugar un hecho luctuoso que desencadenaba una revuelta ciudadana que marcará un hito en la historia de los EEUU por la denuncia del racismo institucionalizado y la militarización de la policía local que hunde sus raíces en el Pentágono y Wall Street.
Estas
continuadas protestas ciudadanas en gran
número de ciudades estadounidenses han cristalizado en un movimiento ciudadano
bajo el lema BLACK LIVES MATTER, las vidas de los negros/as importan.
Y como respuesta a la situación institucional, ha aflorado una reivindicación
que considera que frente al maltrato y agresividad policial, la solución se
enuncia de modo simple: desfinanciar (defund) la policía, reducir el gasto
público en la policía, que en los EEUU generalmente es policía local
dependiente de los Ayuntamientos. Hasta ese momento era un apagado debate en
reducidos círculos de las élites más críticas y un rumor entre activistas,
particularmente después de las protestas que siguieron a otra muestra de
brutalidad policial en Ferguson, Missouri, en 2014. Pero ahora se ha convertido
en un clamor desde la muerte de George Floyd a manos de la policía y las
protestas nacionales que exigen reformas y que llegan a demandar el desmantelamiento
de la policía. Y un debate político nacional está abierto.
Desde
luego el debate no es tan sencillo como parece: de entrada la reivindicación plantea
que en lugar de financiar los departamentos de policía local, se invierta una
parte considerable del presupuesto de una ciudad en las necesidades sociales de
las comunidades marginadas, periféricas, donde se desarrolla en gran parte la
vigilancia policial. Para Patrisse Cullors, cofundador del movimiento Black
Lives Matter, la reducción de la financiación de la policía significa reasignar
esos fondos para apoyar a las personas y los servicios en esas comunidades
negras marginadas. Significa que en la aplicación de la ley se reducirán
los recursos invertidos en la policía,
que al final perjudican a las comunidades negras, y reinvertir esos dólares en
los servicios sociales para atender la salud mental, combatir la violencia
doméstica y ayudar a personas sin hogar, entre otros, financiando escuelas,
hospitales, viviendas y alimentos en esas comunidades negras: "todo lo que sabemos que aumenta la seguridad
ciudadana”, afirman.
Sin
embargo para otros sectores de la ciudadanía, refund, desfinanciar a la policía significa desmantelar a la
policía, la disolución total de la policía local, una opción radical que está
ganando terreno. El MPD150, una organización de defensa comunitaria en
Minneapolis, está enfocada en abolir la policía local y de hecho el consejo
municipal ha abierto unas discusiones para concretar cómo se lleva a cabo el
desmantelamiento del departamento de policía local. Unas discusiones comenzadas
desde el fallecimiento de George Floyd bajo la custodia de la policía de
Minneapolis. Argumentan que la ley y el orden no son alentados por la actual
aplicación de la ley sino a través de la educación, el empleo y los servicios
de salud mental, para las comunidades de bajos ingresos a las que a menudo se
les niega. ([i])
Sin embargo, el alcance de este asunto merece un análisis
más detenido y profundo porque, dejando a un lado el racismo institucionalizado
que revela el comportamiento policial generalizado y el algunos órganos
judiciales en los casos relacionados con la población negra, la realidad es que
el colapso financiero de 2008 y la subsiguiente recesión económica, ha
generalizado la tendencia de los gobiernos neoliberales a afrontar las agrias protestas
sociales derivadas de la crisis social agravada, mediante el reforzamiento del
fenómeno de la militarización de la policía, que en los EEUU se agrava porque se
ha centrado en las policías locales, como nos muestran las imágenes televisivas
donde los guardias municipales aparecen pertrechados como cuerpos policiales
antidisturbios de carácter nacional, mostrando un entrenamiento profesional más
como fuerzas de ocupación que como profesionales al servicio de los derechos
ciudadanos. Y esta militarización de la policía podemos asociarla al desarrollo
de la industria armamentística que alcanza una dimensión financiera vinculada
al sistema de Wall Street, como analizamos en un capítulo de nuestro libro El casino que nos gobierna.
El debate nacional sobre la militarización de la policía
Cuando se habla de la militarización de la policía se
refiere al uso de equipos y tácticas militares por parte de los agentes de la
ley, que llega a incluir el uso de
vehículos blindados de transporte de personal, rifles de asalto, metralletas,
lanzagranadas y equipos de armas y
tácticas especiales (SWAT). Esta militarización de la aplicación de la ley desde
el nivel de la policía local también está asociada con la recopilación de
información al estilo de las agencias de inteligencia dirigida sobre activistas
públicos y políticos, y asimismo se nota en el modo de vigilancia de las
protestas ciudadanas. Las preocupaciones sobre esta cuestión han surgido por
ambos extremos del espectro político en los Estados Unidos, que podemos
ejemplificar con la defensa de la Hermandad de agentes de policía, una asociación privada de varios cientos de
agentes del orden y las sorprendentes críticas del libertario Instituto Cato,
un think tank conservador y la
Academia Nacional de Ciencias de los EEUU.
The Fraternal Order of Police (FOP), la Orden Fraternal de la Policía
se ha pronunciado a favor de pertrechar a los agentes del orden con equipo
militar, con el argumento de que aumenta la seguridad de los agentes y les
permite proteger al público y a los miembros de otros servicios sociales, como
bomberos y servicios médicos de emergencia. Aunque algunos estudios sostienen
que las fuerzas policiales que disponen de material militar tienen más propensión
a tener encuentros violentos con el público, independientemente de los índices
de delincuencia local. Y un estudio publicado en 2018 por la Academia Nacional de Ciencias de EEUU
descubrió que las unidades de policía militarizadas en los Estados Unidos se
desplegaban con mayor frecuencia en comunidades con grandes proporciones de
afroamericanos, incluso después de controlar los índices de delincuencia local.
([ii]). Utilizando una variedad
de fuentes de datos administrativos y experimentos originales, el estudio
demuestra que los equipos militarizados de “armas y tácticas especiales” (SWAT)
se despliegan con mayor frecuencia en comunidades de color y, al contrario de
lo que afirman los administradores policiales, proporcionan beneficios
indetectables en términos de seguridad de los oficiales o reducción de crímenes
violentos, en promedio. Considerados en conjunto, estos hallazgos sugieren que
reducir la policía militarizada puede ser de interés tanto para la policía como
para los ciudadanos.
Desde hace bastante años, la presencia cada vez más visible
de unidades policiales fuertemente armadas en las comunidades estadounidenses
ha avivado la preocupación generalizada sobre la militarización de la policía
local. Los defensores afirman que la policía militarizada protege a los
oficiales y disuade los delitos violentos, mientras que los críticos alegan que
estas tácticas están dirigidas contra las minorías raciales y erosionan la
confianza en la aplicación de la ley. Utilizando un singular censo
geocodificado de despliegues del equipo SWAT de Maryland, se demostró que las
unidades de policía militarizadas se despliegan con mayor frecuencia en
comunidades con grandes proporciones de residentes afroamericanos, incluso
después de controlar las tasas de delincuencia local. Este debate que se ve
reactivado por episodios de violencia policial, a menudo con algún
afroamericano muerto, como en el caso de Minneapolis. Ya en 2014 el tiroteo
policial los miles de ciudadanos estadounidenses de las marchas de protesta en Ferguson, se sorprendieron y alarmaron por
el carácter de la respuesta de la policía. Durante días, las redes nacionales
de noticias transmitieron imágenes de vehículos blindados, francotiradores
apuntando a civiles negros y morenos desarmados, y oficiales vestidos con
armaduras de guerra, desplegados por agencias de policía estatales y locales.
Para algunas personas, la policía estadounidense parecía haberse transformado
repentinamente en una fuerza de ocupación en tiempos de guerra. Y décadas de
investigación en los años intermedios han documentado las formas en que los esfuerzos
policiales como "parar y registrar" y la "guerra contra las
drogas" han servido para mantener las jerarquías sociales basadas en la
raza y la clase. En parte debido a esta historia, los estudiosos críticos del
racismo han caracterizado la militarización policial como otro medio por el
cual el Estado ejerce el control social sobre las minorías raciales.
Asombrosamente el neoliberal Instituto Cato en una declaración denominada 20. Stopping Police Militarization ([iii]) reclamaba que el Congreso debería enmendar determinada legislación vigente (10 U.S.C. § 2576ª) para detener las transferencias a las agencias locales de aplicación de la ley de cualquier equipo militar incluido en la Lista de Control de Municiones del Departamento de Estado o en la Lista de Control del Departamento de Comercio - llamada "propiedad controlada" - y recuperar todas las propiedades controladas actualmente distribuidas. Y denunciaba el programa "1033" creado como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 1997, que autoriza que el Departamento de Defensa transfiriera a las agencias locales de aplicación de la ley no solamente blindados y armas pequeñas para que actividades antidrogas; sino que el programa también transfiere equipo militar de alta potencia, la llamada "propiedad controlada", que tiene pocos usos justificados en la aplicación de la ley nacional. Y este think tank solicitaba del Congreso que pusiera fin a la transferencia despilfarradora de tal equipo militar excesivo.
A pesar de la protesta pública, los nuevos datos
federales muestran que 2014 y 2015 fueron años pico para los envíos de equipo
militar excedente a los departamentos de policía locales en todo Estados
Unidos, como detallaba un reportaje de la revista Forbes de 5 de mayo de 2016,
titulado Armas de guerra para los
departamentos de policía de EEUU ([iv])
basado en los datos aportados por el estudio de OpenTheBooks
Snapshot Report - The Militarization of Local Police Departments, que
cuantificaba la transferencia de 1,5 millones de artículos relacionados con
armamento del Departamento de Defensa (DoD) para las fuerzas del orden público
federales, estatales y locales desde 2006. Los registros federales muestran que
las agencias policiales en Florida, Texas, California, Tennessee y Arizona
lideraron en la nación la adquisición de armamento militar excedente del
Departamento de Defensa en los últimos 10 años. Destacaba el "espectáculo
de armas" patrocinado por el gobierno federal que nunca termina: la
policía de una pequeña ciudad está armada con rifles M16 y M14, gafas de visión
nocturna, bayonetas y camiones blindados; los colegios juveniles y los
alguaciles del condado adquirieron vehículos resistentes a las minas (MRV);
incluso los distritos de parques locales y las reservas forestales abastecidas
con equipos de estilo militar.
Como mencionamos, el Programa 1033 creado por la
Ley de Autorización de Defensa
Nacional (1997) autorizó la transferencia de
armamento militar. En total, los nuevos datos revelaban equipos militares por
valor de 2.200 millones de dólares, incluidos helicópteros y aviones, camiones
y automóviles blindados, decenas de miles de rifles M16 y M14, miles de
bayonetas, detectores de minas y muchos otros tipos de armamento. En el
reportaje de la revista Forbes se detallan algunos ejemplos de la generosidad
local y regional con que se equiparon las fuerzas del orden, como estos:
En Florida, la patrulla de carreteras del estado recibió 1,815 rifles M16 / M14 (5,56 mm y 7,62 mm), más seis vehículos blindados militares, tres vehículos resistentes a las minas y tres vehículos de combate / asalto / ruedas tácticas completos. A California se le transfirió armamento, incluyendo casi 7,500 rifles M16 / M14; la Universidad de California en Berkeley aceptó la entrega de 14 fusiles M16; una cifra muy inferior a los 1.105 rifles M16 / M14 (5.56 mm y 7.62 mm) y dos vehículos resistentes a las minas adquiridos por el Sheriff del Condado de Los Ángeles.
En Washington D.C., la Policía Metropolitana adquirió 500 fusiles M16, que es la mitad de lo que recibió todo el estado de Nueva Jersey en fusiles. Y muchas ciudades pequeñas en todo Estados Unidos recibieron armas militares. Por ejemplo, Granite City, IL (población 29,375 hab.) recibió 25 fusiles M16 y M14 (5,56 mm y 7,62 mm), además de un camión blindado militar y un robot para "eliminación de material explosivo". Lacon, IL (población 1,853 hab.) recibió seis; pistolas especiales de 45 y 38, cinco M16 / M14 (5,56 mm y 7,63 mm) y un fusil 'antidisturbios' de calibre 12.
Desde luego, se subraya en el reportaje de Forbes que muchas de las transferencias de armas del Departamento de Defensa tienen un propósito cuestionable respecto a aplicación de la ley. Por ejemplo, en Illinois, el Departamento de Recursos Naturales recibió 174 fusiles M16 y M14. Y el autor del reportaje se preguntaba ¿Para qué? ¿Para hacer cumplir las leyes de caza? Si en el campo de batalla en una guerra, una bayoneta en combate cuerpo a cuerpo se usa tácticamente para desangrar a tus enemigos, ¿cuál es exactamente el propósito de distribuir entre las fuerzas locales miles de bayonetas militares?
Los datos reseñados muestran que se enviaron 5.638 bayonetas a otras agencias federales de aplicación de la ley o departamentos de policía locales. Seguridad Nacional (DHS) obtuvo 3,905 bayonetas en 15 ubicaciones, de las que 3,260 se destinaron a Protección de Fronteras y Aduanas (DHS Customs and Border Protection) en El Paso, Tejas; y muchos otros repartos de armas letales. Forbes, deja constancia, para hacer justicia, que el presidente Obama reconoció esta desconexión con la ley y firmó una orden ejecutiva que prohíbe la transferencia de bayonetas a partir de 2016.
Más recientemente, con ocasión de las protestas contra la policía en las diversas ciudades estadounidenses, en declaraciones a la CNN, el ex Presidente Obama aludió a las dificultades y complejidades en el marco institucional estadounidense para cambiar la situación, comenzando porque el asunto afecta a unas 18,000 ciudades/poblaciones con autonomía para gestionar su policía (algo que nos recuerda al sheriff contratado por los notables del poblado del Oeste que lograba mantener el orden con Colt 45 como nos han descrito tantas películas)
El equipamiento militar de la policía local se vincula a Wall Street
Si la brutalidad policial en los EEUU es un comportamiento propio
de la ideología supremacista del hombre blanco, alentado por un Presidente
disfuncional –calificativo de un profesor de la Universidad de Detroit - la
dotación de armas de guerra a los agentes del orden urbano tiene otras raíces.
La política de suministros de armas de guerra a
las policías locales, desde el Departamento de Defensa, hunde sus raíces en el
desmesurado desarrollo del presupuesto de defensa y de la industria de
armamento de guerra en los EEUU; que a su vez - como documentamos en un
capítulo de nuestro libro El casino que
nos gobierna - se vincula
estrechamente a los negocios financieros de Wall Street, que incentivan las
guerras exteriores sin objetivos políticos de país, pero que son fuentes de
empleo y de consumo de material exclusivamente fabricado en el territorio
estadounidense.
Y así se comprende que, tras los atentados del 11 de
septiembre, la denominada como “the war
on terror” según la expresión acuñada por la Administración Bush para la invasión de Irak, sirviera para justificar la guerra en
Afganistán, la tensión bélica con Irán y en Oriente Medio, que han justificado el
incremento continuado del gasto por las fuerzas armadas en armas
ofensivas, sistema de defensa, equipos de comunicaciones, vigilancia,
protección blindada y material de uso militar, como señalaba un observatorio
crítico independiente sobre la seguridad militar en los EEUU ([v]). En la lista de corporaciones estadounidenses (Military
Defense Watch list) beneficiadas por esta política de gasto militar, se
incluyen junto a nombres conocidos en todo el mundo como Boeing o General
Dynamics, otros que solamente se conocen en el ámbito estadounidense como
Alliant Technologies, Allied Defense, Applied Signal Technology, CACI,
Ceradyne, Cubic, Curtiss-Wright, DRS, EDO, FLIR Systems, Harris, KVH, L-3
Communications, Lockheed Martin, Mantech, Mercury Computer Systems, Northrop
Grumman, Orbital Sciences, Raytheon, and Teledyne. ([vi])
Al mismo tiempo, la complejidad de esos productos de alta
tecnología y sus elementos hacen que
aparezcan agrupadas las industrias de seguridad, armamento, transporte aéreo,
electrónica, etc., que paralelamente sirven para la fabricación de elementos y
productos consumidos en la vida ordinaria de los ciudadanos y para las
dotaciones de armamento suministrado a las policías locales de la ciudades
estadounidenses. Y esta simbiosis
industrial-militar favorece la financiarización de este sector, que genera
productos financieros para atraer dinero ampliando el ámbito de la especulación
financiera.
Esta situación de simbiosis de la industria bélica con el
sector financiero y a las fuerzas armadas, solamente puede entenderse desde el
concepto de complejo militar-industrial, cuya profundización durante las
últimas décadas se ha convertido ahora en el complejo financiero militar en el
marco de la integración mundial de los mercados del dinero. Es una realidad
sociológica y económica a la que en los círculos críticos estadounidenses se ha
venido haciendo referencia con la expresión “the Military-Industrial Complex”, que significa la relación cómoda
entre las partes que gestionan las guerras de los EEUU (las fuerzas armadas, la
administración presidencial y el Congreso) más las compañías fabricantes de
armas y equipos de utilidad bélica, según
se analizó en un estudio del Institute
for Policy Studies ([vii]). Para decirlo de modo
sencillo, se refiere a la relación extremadamente fluida y amistosa entre
contratistas y gobernantes, en la que ambos lados están asociados para el logro
de éxitos para los planificadores de las guerras y de beneficios financieros
para aquellos que integran los consejos de administración de las grandes
corporaciones. Algo que podría ser la versión actualizada de la teoría de “la guerra por el beneficio”.
A este respecto, conviene recordar
que la expresión Military-Industrial Complex quedó consagrada con el discurso de despedida
(Farewell Address to the Nation) del
Presidente Eisenhower el 17 de enero de 1961, el laureado general que
contribuyó a la derrota militar del nazismo en Europa, en el que denunció ese
entramado político-industrial (integrado ahora en las finanzas de Wall Street)
advirtiendo al pueblo americano de la amenaza que suponía ese conglomerado para
la acción del gobierno democrático:
“En las sesiones del gobierno, debemos guardarnos contra la adquisición
de una injustificada influencia, buscada
o no, del complejo militar industrial. Existe y persistirá el potencial para la
ascensión desastrosa de un poder inapropiado. No debemos nunca permitir que el
peso de este conglomerado haga peligrar nuestras libertades o los procesos
democráticos. No demos nada por descontado. Únicamente una ciudadanía informada
y alerta podrá imponer el apropiado
entramado de la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros
objetivos y métodos pacíficos, de modo
que la libertad y la seguridad prosperen juntas” ([viii])
Y este complejo de organizaciones y personajes estadounidenses
sobrevivió al Presidente creció en su dimensión económica y financiera, hasta
el extremo que nos dice Joseph Stiglizt
que “en el último medio siglo ese
complejo se ha extendido: los grupos de presión que determinan las finanzas, la
industria farmacéutica, el petróleo y el dióxido de carbono” ([ix]).
[i]
There's a growing call to
defund the police. Here's what it means. CNN website, 7/6/2020
[ii]
Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America.Militarization fails to enhance police safety or reduce crime but may
harm police reputation. https://www.pnas.org/content/115/37/9181
[iii] https://www.cato.org/cato-handbook-policymakers/cato-handbook-policy-makers-8th-edition-2017/stopping-police.
[iv]
War Weapons For America's
Police Departments, 10/5/2016 en https://www.forbes.com/sites/adamandrzejewski/2016/05/10/war-weapons-for-americas-local-police-departments/#2945c7e04af4
[v] Security Watch, 9/7/2010
[vi] Military
Defense Solutions en http://www.securitystockwatch.com/MilitaryDefense/)
[vii] IPS, Military-Industrial Complex Revisited,
2005 en http://www.ips-dc.org
[viii] véase video y transcripción en inglés en
http://www.militaryindustrialcomplex.com/
[ix] Joseph Stiglitz, Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía
mundial. Taurus, 2010, p. 340
No hay comentarios:
Publicar un comentario